El 2 de diciembre los representantes del consorcio MedUX-Mcrosystem se reunieron con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y ChileTelcos para firmar el contrato de adjudicación del Organismo Técnico Independiente (OTI), entidad que se hará cargo de la creación de una herramienta para medir las velocidades y calidad de internet en el país por los próximos cinco años.
Sin embargo, apenas llegaron al edificio ubicado en Agustinas 1382 a los ejecutivos les informaron que no se celebraría el acuerdo. ¿El problema? La empresa entregó como boleta de garantía un documento otorgado por una aseguradora, siendo que la última resolución de la autoridad, que data de 2019, obliga a que el respaldo económico lo otorgue un banco.
De esta forma, el subsecretario Claudio Araya junto al presidente de ChileTelcos, Alfie Ulloa, acordaron extender por un mes el último hito de la licitación, plazo en que MedUX y Microsystem iniciaron la maratónica tarea de buscar una entidad bancaria que financie las boletas de garantía de su proyecto que, según trascendió, tiene un costo de US$ 8 millones.
“Hubo un problema de interpretación”, dijo el titular de la Subtel, el cual comentó que está siendo resuelto por el consorcio. “Se extendió el plazo al 3 de enero. Lamentablemente, hubo una redacción poco afortunada en las bases, porque en el documento se habla de varios instrumentos posibles. Sin embargo, el reglamento es taxativo sobre que el instrumento de garantía debe ser un banco”, explicó Araya.
La autoridad puso énfasis en que una vez resuelto el problema es “una obligación” para los 21 operadores que componen el ecosistema de las telecomunicaciones firmar el contrato. “El Comité Representativo está muy involucrado en el cumplimiento de la ley y están comprometidos de que esto ocurra, pero falta que los representantes legales -de las empresas- se acerquen para firmar”, explicó Araya.
Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones.
Se busca banco
Las gestiones para conseguir financiamiento de la boleta de garantía comenzaron la misma tarde del 2 de diciembre. Se hicieron telefonazos con varios bancos de la plaza, lo que derivó en una serie de reuniones para acelerar la obtención del documento que tenía carácter de urgente.
Pero poco a poco los ejecutivos se dieron cuenta de que el camino era más complejo de lo que parecía. Las entidades bancarias chilenas les explicaron que bajo las condiciones actuales sólo podían cubrir la garantía hasta por tres años y no cinco como exige la licitación. Ahora, en caso de que se requiera un plazo mayor, sostuvieron varias entidades, se debe gestionar con dinero o con bienes como, por ejemplo, a través de una hipoteca de propiedades.
No obstante, era inviable conseguir un préstamo de estas características porque la tramitación de una hipoteca supera la fecha de vencimiento dado por la autoridad.
El consorcio chileno español puso todas las cartas sobre la mesa y solicitó la ayuda de la autoridad. Una fuente que pidió reserva contó que la Subsecretaría fue un intermediario para concretar reuniones con BancoEstado.
Finalmente, el banco estatal dio una boleta de garantía por un “porcentaje considerable” de lo que solicitaba el concurso impulsado por la Subtel. El resto será financiado por otro banco extranjero.
“El BancoEstado tiene una política mucho más accesible y pese a que el proyecto es privado es parte de una ley que beneficiará a las personas. Hay optimismo de que se logrará cerrar el acuerdo antes del 3 de enero”, contó otro portavoz bajo reserva.
Todas las partes involucradas concuerdan que el problema no es de fondo, sino de forma. De hecho, el consorcio está en plena ejecución de la implementación del OTI.
“Este hecho nos produjo un par de retrasos. Tuvimos una conversación informal con los adjudicatarios y lo que estamos viendo es trabajar en un prototipo para que la ciudadanía lo tenga pronto. En un inicio se pensó para el primer semestre de 2023, pero se desplazará un par de meses. Estamos apretando para que sea lo antes posible”, apuntó el subsecretario.
El servicio consta de varias partes, explicó Araya, porque se instalarán servidores, bases de datos, módems para medir el tráfico de internet nacional e internacional. Además, se desplegará un software que permita a los usuarios conectarse a la infraestructura a través de sus dispositivos y así medir la velocidad de internet. El objetivo es poder ser una herramienta que ayude a dirimir en los conflictos entre empresas y abonados.
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