En octubre de 2021, la Compañía Telefónica Rural (CTR) interpuso una demanda arbitral contra su socio comercial, Inversiones Río Hurtado, frente al Centro de Arbitraje y Mediación (CAM). Las sociedades participaron en conjunto para adjudicarse el subsidio por US$ 100 millones del cable submarino Fibra Óptica Austral (FOA), proyecto impulsado por la exPresidenta de la República, Michelle Bachelet, para mejorar la calidad de internet de las zonas entre Puerto Montt y Magallanes, y así dejar de depender de Argentina.
¿El problema? Según CTR, la promesa acordada entre las partes hace cinco años es “ineficaz”, porque no contiene un plazo o condición que fije la celebración del contrato. Para efecto práctico, la firma ligada al empresario José Cox pidió al juez arbitral de la causa, Rodrigo Guzmán, que se declare nulo el pacto con Inversiones Río Hurtado, de la cual es dueño Cristián Rojas.
En octubre del año pasado, CTR decidió desvincular a Cristián Rojas de la compañía, que hasta entonces se desempeñaba como consultor, y contrató al abogado Claudio Verdugo para que lo representara en el CAM.
Historia de la pugna
En 2017, Inversiones Río Hurtado y CTR formaron una alianza para participar en el concurso del subsidio más alto que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) había dado hasta ese momento.
La competencia se generó entre Movistar, WOM y CTR. Ésta última lanzó la oferta más baja por US $80 millones y venció a sus rivales.
La firma de la promesa de contrato acordada entre las sociedades estaba sujeta a la adjudicación del compromiso. Así, luego se dividirían la participación de los derechos de la iniciativa en un 30% para Inversiones Río Hurtado y un 70% para CTR por los 20 años que dura la concesión, incluida las extensiones de tiempo que se puedan originar, de acuerdo a la explicación de conocedores de la materia.
Sin embargo, el acuerdo entre las partes nunca se habría concretado.
Durante cuatro años la tensión entre los socios fue aumentando hasta que, a mediados del año pasado, Rojas exigió el reparto de los beneficios obtenidos, llevando a que CTR contratara al abogado Claudio Verdugo para que lo representara en el CAM.
El socio de Gana y Gálvez Abogados, José Miguel Gana, tomó la causa de parte del demandado, argumentando que CTR busca borrar de un plumazo la promesa acordada.
De esta forma, la defensa de Inversiones Río Hurtado estaría solicitando que se le otorgue acceso al 30% de la participación.
Desde el Gobierno pasado se manejan antecedentes de este caso, el cual lleva más de un año de tramitación. De hecho, en promedio los conflictos en el CAM suelen tener un tiempo de duración de 18 meses, por ende, se estima que a partir de mayo Rodrigo Guzmán podría dar señales de una decisión.
De acuerdo a personas que tuvieron conocimiento del proyecto que presentó CTR en 2017, la compañía se encargó de presentar las boletas de garantía y Cristián Rojas el diseño técnico y económico de la iniciativa para concursar en el FOA.
No obstante, al momento de la adjudicación, CTR formó una sociedad llamada FOA S.A junto a su matriz Grupo PSINet para comenzar la operación del cable submarino, el cual fue construido por Huawei entre 2018 y 2020.
El proyecto original contempló como objetivo tener, al menos, un cliente funcionando en las redes del FOA. Pero luego del estreno ninguna operadora se sumó, lo que encendió las alarmas del Gobierno del entonces Presidente de la República, Sebastián Piñera.
El Estado tenía como obligación asegurar la rentabilidad financiera de la iniciativa y durante 2020 la entonces subsecretaria de Telecomunicaciones Pamela Gidi armó una mesa técnica para convencer a todos de subirse a la red.
Tras varias conversaciones, Entel, WOM, GTD, Movistar Chile, Claro Chile y CTR se adhirieron como suscriptores.
Entre los seis, se estima que las recaudaciones percibidas superan los US$ 10 millones anuales y los costos de operación se ubican en torno a los US$1,5 millones.
Fuentes de la industria que pidieron reserva, estiman que el proyecto está valorado por más de US$ 140 millones. Según cifras de Subtel, el FOA está pensado para conectar a 435 mil personas y 19 mil empresas en 16 comunas desde la Región de Los Lagos hasta la Región de Magallanes.
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