La petrolera Texaco denunció hoy que el
litigio que mantiene en Ecuador desde hace más de seis años por los
daños ambientales que supuestamente causó la compañía durante el
periodo en el que operó en el país se está politizando.
Miles de indígenas de la Amazonía de Ecuador acusan a Texaco de
haber contaminado las zonas de selva en las que trabajó y de haber
provocado daños irreparables para la salud de las personas y el
medio ambiente, por lo que reclaman indemnizaciones de hasta US$16.000
millones.
La petrolera, ahora integrada en Chevron, asegura que el caso se
ha convertido en una "farsa legal" y que el presidente de Ecuador,
Rafael Correa, "está apoyando a los demandantes de una forma que no
es apropiada", dijo a Efe Silvia Garrigo, una de las representantes
de la compañía.
Garrigo se reunió hoy en Washington con analistas y
organizaciones no gubernamentales que siguen el tema.
La portavoz explicó que Texaco operaba conjuntamente con
Petroecuador en la zona oriental de Ecuador, en un área en la que
sólo le correspondía el 37,5% del terreno.
En 1992 expiró el contrato que tenía la petrolera y, según
Garrigo, comenzó los trabajos de "remediación": limpieza de la zona,
cierre de pozos, repoblación de vegetación y garantías de salubridad
del agua.
La compañía desembolsó US$40 millones para el plan de
limpieza mientras Petroecuador, que ha seguido operando en la zona,
"ha hecho muy poco desde los años noventa para completar su parte de
remediación y ha tenido más de 1.000 derrames, lo que supone 4,4
millones de galones de petróleo derramados en el medio ambiente".
"El Gobierno apoya este caso porque se ha politizado de forma
excesiva", lamentó Garrigo.
Correa, recordó, "declaró que iba a apoyar a los demandantes en
la recopilación de pruebas en contra de Chevron y que iba a pedir al
Procurador General que comenzara una investigación penal contra las
personas que trabajaron en la remediación y la aprobaron".
A su juicio, "este tipo de interferencias es extremadamente
inusual" y peligrosa porque "no permite a un juez actuar de una
forma objetiva e independiente".
Los trabajos de limpieza, iniciados en 1992, contaron con la
aprobación del Gobierno de Ecuador de entonces, que firmó un acta
final en la que, después de analizar la calidad de la tierra y del
agua, acreditaba que la compañía cumplió con sus obligaciones y
quedaba exonerada de responsabilidad alguna.
El juicio, que se está siguiendo en una corte ecuatoriana de Lago
Agrio, se encuentra en la segunda de la etapa del desarrollo de
pruebas.
Garrido se quejó de que las ONG que están detrás de la denuncia,
como el Frente para la Defensa de la Amazonía (Fedam), están
desvirtuando el caso y vertiendo acusaciones falsas contra la
compañía.
La próxima semana se entregará ante el juez un informe de
peritaje que la empresa va a recurrir por la "parcialidad con la que
se está trabajando", adelantó Garrigo.
El juez, explicó, "ha escogido bajo presión de los demandantes" a
un único perito, en vez de un equipo como estaba establecido.
El perito, Richard Cabrera, "no tiene las calificaciones
necesarias y además ha contratado a gente de la ONG Fedam para
trabajar en su equipo, sin respetar los parámetros técnicos".
La demanda interpuesta por las comunidades indígenas podría
ascender a 16.000 millones de dólares, según sus abogados.
Sin embargo, la representante de Texaco aseguró que "no son
cifras basadas en la ciencia porque los abogados, tomando el rol de
Gobierno, dicen que tenemos que instalar el sistema de agua potable
de todo el Oriente".
Conforme a las denuncias de los pobladores, el trabajo de Texaco
en la Amazonía provocó daños en más de 500.000 hectáreas de la
región amazónica y una proliferación de enfermedades como el cáncer
y las afecciones a la piel y de abortos naturales.
De momento, según Garrigo, todas las muestras de agua han probado
que está limpia y, si bien se han presentado informes que han
certificado el incremento de muertes y abortos prematuros en la
región, estos no están vinculados a la contaminación de las aguas,
en opinión de la empresa.
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