De forma sigilosa, sigue en marcha la mesa técnica de trabajo que comprometió el Gobierno para discutir y generar consensos respecto al contenido del polémico proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo que “mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado de petróleo (GLP)”, para su posterior tramitación en el Congreso.
De diez sesiones, la instancia ha celebrado cuatro donde han transitado entidades, académicos y empresas. El 22 de agosto fue el turno de Gasco, donde reiteró que el proyecto implica riesgo de suministro de gas a nivel nacional, alza en los precios y un perjuicio al desarrollo de las PYME. Pero hubo un insumo hasta ahora desconocido.
Según la presentación realizada por Gasco, la que quedó consignada públicamente, se especifica que fueron adjuntados documentos, los que fueron compartidos en la instancia en carácter reservado. Uno de ellos es un informe elaborado por el exsuperintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, que -de acuerdo a lo mencionado escuetamente en la exposición de la empresa- trata de las “implicancias del proyecto de ley en seguridad y servicio en la industria del gas licuado”.
Luis Ávila, exsuperintendente de Electricidad y Combustibles. Foto: archivo
El ingeniero comercial, quien se desempeña como Director Regional del Servicio Electoral de Chile (Servel) de O’Higgins, ejerció como superintendente desde abril de 2011 hasta el 10 de abril de 2020.
Aunque el informe elaborado por Ávila a solicitud de Gasco no fue exhibido públicamente, DF tuvo acceso al documento. En un análisis general, se indica que pareciera que el proyecto no tratara en forma directa sobre aspectos de seguridad, sino más bien -dice- apunta a hacer una separación del mercado al incorporar definiciones de lo que se entenderá por distribuidor mayorista y minorista de GLP, distinguiendo las actividades que cada uno puede realizar.
Recoge que el proyecto establece que los distribuidores mayoristas serán responsables de la calidad del combustible que comercialicen, respecto a sus especificaciones y cantidad en toda la cadena logística. A lo que se suma la responsabilidad de cumplir con las exigencias y condiciones de seguridad de sus operaciones en toda la cadena logística comprendida en su actividad, así como de la integridad de sus cilindros. Para Ávila, la propuesta pareciera generar una “contradicción”, ya que no parece posible -dice- asumir dicha responsabilidad sin establecer el cómo pretende la normativa propuesta que se realice, sin que deba incorporarse de manera expresa en los contratos que establezca con los distribuidores minoristas.
En el análisis se pone atención en aspectos de calidad de servicio donde el proyecto introduce -a juicio de Ávila- los mayores cambios en la gestión de la actividad de los que ahora serán, legalmente, distribuidores minoristas. Esto, porque los minoristas de GLP, que otorguen el servicio al consumidor, serán responsables de la calidad de éste.
Asimismo, se plantea que se establece para los distribuidores minoristas obligatoriedad de brindar calidad de servicio, del tipo que hasta ahora estaba reservada para mercados que operan bajo un esquema de regulación o supervigilancia con norma específica.
También toca que el proyecto establece, para los distribuidores de GLP envasado en cilindros, la obligación de implementar un sistema de trazabilidad. Y si bien Ávila reconoce que estas materias permitirán, si se desarrollan de forma eficiente, mejorar la calidad de la información y facilitar un proceso de intercambio de cilindros mejor planificado, tiene una prevención.
Desde el punto de vista de la estructura de costos, indica que implica un aumento significativo, “que debe ser explorado a la luz de las tecnologías que estén disponibles para implementar el sistema de trazabilidad propuesto en la norma”.
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