El máximo órgano de planificación económica de China, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (CNRD), anunció hoy la "suspensión indefinida de todas las actividades bajo el diálogo económico estratégico entre China y Australia", que servía para potenciar las relaciones económicas entre ambos países.
A través de un comunicado publicado hoy en su página web, la CNRD sostiene que, "recientemente, algunos funcionarios australianos han lanzado una serie de medidas para alterar los intercambios y la cooperación entre China y Australia salidas de una mentalidad de Guerra Fría y de una discriminación ideológica".
Estos motivos han llevado al órgano planificador a suspender de forma indefinida este mecanismo de diálogo, que facilitaba intercambios comerciales y de inversiones entre Beijing y Camberra, capitales que atraviesan un mal momento en sus relaciones diplomáticas.
Australia y China cuentan con un tratado de libre comercio que entró en vigor en diciembre de 2015, lo cual no ha impedido la imposición de aranceles, como los que entraron en vigor el pasado 28 de marzo de hasta el 218,4 % para el vino embotellado australiano -hasta ahora dominador del sector en China, junto a Francia- después de una investigación sobre supuesta competencia desleal y venta a pérdida.
Las relaciones entre ambos países se han ido deteriorando a lo largo de los últimos años, ya que Beijing considera injerencia extranjera las críticas y las medidas adoptadas por Camberra al solicitar una investigación independiente sobre el origen de la pandemia de coronavirus o denuncias por supuestas violaciones de los derechos humanos en la región noroccidental china de Xinjiang.
Cuestiones como la negativa de Australia a usar las redes 5G de la empresa tecnológica china Huawei o de espionaje han contribuido a enturbiar las relaciones.
Este mismo mes, el Gobierno australiano pidió al Ministerio de Defensa que revisara si la licitación del puerto de Darwin a una empresa de capitales chinos pone en peligro la seguridad nacional.
Además, en los últimos años, la nación oceánica ha aprobado una serie de leyes para bloquear la supuesta injerencia extranjera en la política y economía del país, sin citar directamente a China, sobre la que recaen sospechas de posibles ataques informáticos contra universidades y entes gubernamentales.
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