Las empresas multinacionales, especialmente las de minería, están bajo alerta por las nuevas condiciones en Perú. El ministerio del Ambiente de Perú (Minam), junto al ministerio de Energía y Minas y otros sectores, anunciaron ayer que revisarán la totalidad de los proyectos mineros que puedan generar conflictos sociales. El anuncio llega luego de que cuatro proyectos de inversión fueran suspendidos por protestas sociales. El ministro de Ambiente, Ricardo Giesecke, explicó que en esa revisión se indagará cuáles son los proyectos pendientes de obtener estudios de impacto ambiental, y en cuáles de ellos se estarían generando conflictos sociales.
“En realidad, hay tanto sentimientos de conflictos en el país que estamos entre planificando y actuando como bomberos. En los próximos días vamos a poder revisar un poco más en profundidad este panorama”, comentó a diario Gestión. Asimismo, Giesecke indicó que aún no tiene un plazo de cuándo estará lista esa evaluación, pero “será una revisión completa al analizar proyectos que tengan conflictos con el agua, con el transporte, y otros factores”.
Perú tiene a la minería como uno de los motores de su economía porque sus exportaciones representan 60% de los envíos totales.
Semanas de protestas
Policías y militares tomaron ayer el control de la región norteña peruana de Cajamarca luego de que el gobierno decretara el estado de emergencia en la zona, para frenar doce días de protestas contra el proyecto minero de Newmont, Minas Conga.
La medida, en la que el presidente Ollanta Humala utiliza por primera vez mano dura para frenar una protesta, restringe el libre tránsito y autoriza a los militares a restablecer el orden público por un plazo de 60 días.
Las protestas contra la polémica construcción del proyecto aurífero, Minas Conga, de US$ 4.800 millones, se radicalizaron la semana pasada, con bloqueos de rutas y el cierre del aeropuerto local, incluso a pesar de que Newmont suspendió el plan a pedido del gobierno.
Analistas, políticos de oposición y de la clase empresarial del país habían pedido a Humala una posición más firme contra la protesta de Cajamarca, organizada por dirigentes de izquierda, para no frenar las inversiones y poner en marcha los anunciados planes de inclusión social del gobierno, consignó Reuters.
“Se agotaron los caminos para resolver el conflicto” dijo Humala. “El estado de emergencia se aplicará a las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumasá para restablecer la paz social”, agregó el mandatario.
Decretar el estado de emergencia es una medida que su predecesor, Alan García, ya se había visto obligado a usar para frenar las protestas sociales.
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