El gobierno británico ha calificado de "ilegal" la presión de Argentina contra las Malvinas, después de que Buenos Aires amenazase con emprender medidas legales contra empresas petroleras que operan en las islas.
El gobierno argentino anunció ayer que emprenderá "acciones administrativas, civiles y penales" en tribunales locales e internacionales contra las empresas petroleras que participan en la explotación de los recursos naturales en las islas Malvinas.
En respuesta a esta amenaza, una vocero del Ministerio británico de Asuntos Exteriores dijo anoche que la actitud argentina es "ilegal, impropia y totalmente contraproducente", y consideró que la exploración de hidrocarburos en aguas de las islas del Atlántico Sur es una acción "comercial legítima" de los isleños.
"Estos últimos intentos de perjudicar los medios de subsistencia de la población de las islas Falklands (como llaman los británicos a las Malvinas) refleja desafortunadamente una forma de comportamiento del Gobierno argentino", agregó la fuente, y puntualizó que Londres estudiará cuidadosamente las últimas medidas de Argentina.
"El Gobierno británico apoya el derecho de las islas Falklands a desarrollar sus propios recursos naturales para su propio beneficio económico. Este derecho es una parte integral de su derecho a la autodeterminación", subrayó.
La vocero también indicó que la legislación argentina no se aplica en las Malvinas, Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur (todas reclamadas por Argentina), y añadió que el Gobierno de las islas tiene el derecho a desarrollar las industria pesquera y de hidrocarburos en sus aguas sin la interferencia del país suramericano.
Según indicó el canciller argentino, Héctor Timerman, las acciones también se llevarán a cabo contra las compañías que brindan apoyo logístico y financiero a las petroleras, con el objetivo de "defender" los recursos naturales del país.
Entre las empresas involucradas Timerman mencionó a las petroleras Falkland Oil Gas, Argos, Rockhopper, Desire Petroleum y Borders and Southern.
Para desarrollar su estrategia, señaló el canciller, el Gobierno conformó un grupo de especialistas jurídicos integrados por funcionarios de la Procuración del Tesoro, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación.
En 2008, la Cancillería argentina presentó una queja ante el Gobierno británico por la concesión de licencias para la exploración y explotación de yacimientos de petróleo.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Argentina
