El presidente venezolano, Hugo Chávez,
lideró hoy el acto de toma de control por parte del Estado de las
"operaciones petroleras acuáticas en el Lago de Maracaibo", en el
occidente del país, como parte de plan para garantizar la soberanía
energética nacional.
La nacionalización de esos bienes y servicios conexos a la
actividad petrolera derivó de la aplicación de una nueva ley,
promulgada anoche por el mandatario, que permite la expropiación de
esos sectores.
"Estamos liberando no solo los muelles, las lanchas y los
remolcadores, ustedes (los trabajadores) se están liberando del yugo
del capitalismo", exclamó Chávez mientras saludaba a grupos de
trabajadores que ahora pasarán a conformar la nómina de la estatal
Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Unas 300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras, 39 terminales y
muelles, 61 lanchas de buzos, cinco diques de astilleros y 13
talleres pasaron de manos privadas a PDVSA, de acuerdo con la
información oficial.
Se trata de una "retoma" de activos que fueron privatizados a
mediados de la década de 1990, mediante el llamado proceso de
apertura petrolera, explicó, por su parte, el ministro de Energía y
presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Unos 8.000 trabajadores pasarán a la nómina estatal, y las deudas
que con ellos tengan las empresas contratistas serán descontadas del
justiprecio que pagará el Estado, aseveró.
Los servicios que pueden ser afectados por la nueva legislación
son los "procesos de inyección de agua, de vapor o de gas, que
permiten incrementar la energía de los yacimientos", según datos
parlamentarios.
También "los servicios vinculados a las actividades en el Lago de
Maracaibo, como lanchas para el transporte de materiales, diesel,
agua industrial y otros insumos".
Además, pueden ser expropiados "los remolcadores; gabarras
planas, boyeras, grúas de ripio, de tendido o reemplazo de tuberías
y cables subacuáticos; mantenimiento de buques en talleres, muelles
y diques de cualquier naturaleza", de acuerdo con la información
oficial.
El titular de Energía ha afirmado que la nueva ley no afectará la
contratación de taladros de perforación y que, además, blinda al
Estado contra el arbitraje internacional, puesto que cualquier
conflicto deberá ser ventilado en los tribunales nacionales.
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