A poco más de un año desde que estalló el Caso Swell en el mercado financiero, los engranajes han vuelto a moverse a favor de la boutique de inversiones que fue estafada por su propio exsocio, Octavio Gamboa, por $ 7 mil millones.
Este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución del 17 de junio efectuada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago que decretó una medida cautelar real de retención de bienes a las sociedades de cuatro imputados del caso: Michael Suárez, Daniel Garrido, Enrique Morandé y Mauricio Silva.
“Esta resolución de la Corte es un paso, pero es insuficiente. Lo que corresponde ahora es que podamos ir más allá, que se haga justicia y sean condenados los responsables”, dijo Zegers.
De acuerdo al abogado Rodrigo Zegers -quien representa tanto a Swell Capital como a sus socios Nicolás Iglesis y Juan Luis Montalva- este grupo de personas forma parte del círculo íntimo de Gamboa y se presentaron en el juicio en calidad de acreedores, reclamando dineros que, según Zegers, habían sido obtenidos se manera fraudulenta.
“Estas personas conforman lo que se denomina el círculo más estrecho, más íntimo de Gamboa. Por eso la acción se interpone en contra de ellos”, explicó Zegers recordando la ampliación de la querella realizada en abril de este año a este grupo.
“Hay muchísimo interés del resto de los acreedores, no solamente porque estas platas no les corresponden, sino que también porque Mauricio Silva, y el crédito que se forja para poder reclamar la calidad de acreedor, es un préstamo que nosotros cuestionamos porque proviene de operaciones defraudadoras”, añadió.
Durante la audiencia, la ministra del Juzgado, María Soledad Melo, y el abogado integrante, Jorge Benítez, votaron a favor de la medida. Solo el ministro Juan Cristóbal Mera votó en contra.
“Atendido el mérito de los antecedentes y compartiendo los fundamentos expresados por el tribunal a quo, se confirma la resolución apelada del 17 de junio del año en curso, dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago”, se dictó en la resolución.
Las sociedades que deberán acatar la orden de la Corte de Apelaciones son: “Asesorías e Inversiones Amanda Limitada”, vinculada a Suárez por $ 168.464; “Inversiones Altué Limitada”, de Garrido por $ 331.917; “Gedesa SpA” de Morandé por $ 1.023.525; y “Asesorías e Inversiones La Cristi Limitada” de Silva por $ 1.269.610.
Asuntos a resolver
De acuerdo a Zegers, esta es la primera vez que la Corte de Apelaciones se pronuncia respecto al Caso Swell, pero es insuficiente por la parte querellante.
“Entendemos que se han dado pasos. Esta resolución de la Corte es un paso, pero es insuficiente. Lo que corresponde ahora es que podamos ir más allá, que se haga justicia y sean condenados los responsables”, recalcó.
Según indicó, el objetivo es recuperar el monto defraudado de $ 7 mil millones. No obstante, los montos de los bienes precautelados no abarcan su totalidad.
“Los montos no alcanzan ni el 30% y eso bordea los $ 2 mil millones. Entonces, la gran pregunta y tarea es saber dónde están los otros $ 5 mil millones. Es parte de lo que se está investigando”, añadió.
Sumado a aquello, Zegers fue enfático en señalar que el próximo paso es la formalización de Octavio Gamboa y los respectivos querellados, así como sus respectivas medidas cautelares personales.
“El Ministerio Público es el que dirige la investigación y la formalización, pero nosotros entendemos que hoy ya están dadas las condiciones para que éste le pida al Juzgado de Garantía la audiencia de formalización”, afirmó.
“Eso es lo que esperamos para antes de fin de año. Nosotros vamos a estar satisfechos solamente cuando finalmente se logre acreditar el destino y se recuperen las platas defraudadas y no descansaremos en tanto ello no ocurra”, agregó.
Conversaciones
En el corto plazo, el abogado detalló que durante la jornada de este miércoles se concretará una nueva reunión de la Comisión de Acreedores, según lo establece el marco del Acuerdo de Reorganización Judicial.
En la instancia, adelantó que los acreedores de Swell y Sartor conversarán sobre estas últimas resoluciones, así como próximas decisiones a considerar con la presencia del interventor, Patricio Jamarne.
“Sartor tiene un representante en la Comisión de Acreedores y estamos en permanente diálogo, informándonos de los avances que se están logrando, destinados a hacer efectiva las responsabilidades penales y civiles de los responsables. Con Sartor tenemos una muy buena relación sobre esta causa”, agregó.
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