Las aristas del caso Primus Capital continúan desarrollándose en el Poder Judicial. El pasado 22 de diciembre, el Ministerio Público citó a declarar, en calidad de imputados, al vicepresidente del factoring, Eduardo Guerrero, y al director de operaciones y finanzas corporativo, Brian Moore, -ambos socios de la firma- en el marco de una querella por un supuesto delito de falsedad en cobros a cinco sociedades del empresario Pablo Ormeño.
La acción legal fue ingresada en septiembre de 2023 por los abogados Rodrigo Arancibia y Álvaro Camus en contra del notario Patricio Raby, a quien acusaron de certificar las escrituras con las que Primus está cobrando $ 17.263 millones a las sociedades de Ormeño, utilizando mandatos que habrían sido revocados en mayo.
En el marco de la causa, el 22 de diciembre, la fiscal adjunto de Las Condes, Karin Naranjo, solicitó una serie de diligencias, dentro de las que se incluyen la citación a declarar en calidad de imputados a Moore, Guerrero y Raby.
Además, la Fiscalía solicitó tomar declaraciones como testigos a Ormeño y al controlador de Primus, Raimundo Valenzuela, entre otros.
Primus responde
Consultados por DF, desde Primus sostuvieron que el factoring “ha sido objeto de una seguidilla de querellas instrumentales de manera coordinada de parte de varios de los partícipes del esquema defraudatorio descubierto, que intentan frustrar las gestiones que está desarrollando la empresa para la consecución de justicia, y que ya tiene a varios imputados ante el Ministerio Público, con medidas cautelares como Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar y Antonio Guzmán, existiendo incluso al respecto una audiencia de formalización fijada”.
"Esta acción en particular corresponde a otro intento más por desconocer deudas comerciales con Primus y distraer de la acción principal y real respecto del esquema defraudatorio del que la Compañía fue víctima", agregó.
Según la empresa, este tipo de acciones "son muy comunes por parte de los demandados por deudas impagas y se interponen habitualmente en contra de los Bancos". De esta manera, calificaron la querella como una "estrategia artificial y que usualmente es desestimada".
"Los Tribunales ya saben que cuestionar la autenticidad de los documentos en los que se contiene la deuda, es una práctica común de los deudores que quieren evadir el pago de sus compromisos financieros, eludiendo sus responsabilidades civiles y muchas veces penales, por la comisión de ilícitos asociados a esta conducta", apuntaron.
Finalmente, desde la empresa recalcaron que “la relación directa entre las empresas que operaron fraudulentamente, incluso varias de ellas con cheques falsos, y los representantes legales, socios de las empresas y/o abogados que interponen estas acciones judiciales, da cuenta de la envergadura de la organización criminal que enfrenta la empresa”.
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