El impacto que han tenido las cuarentenas en la industria de la construcción es relevante, lo que ha provocado problemas para varias firmas locales. Y esto ha salpicado a más de algún actor financiero nacional.
Este es el caso de la administradora de fondos Fynsa, que anunció a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que dos de sus vehículos inmobiliarios tienen particiones en compañías que trabajan con Constructora SAE. Esta firma, informaron al mercado, solicitó iniciar un proceso de reorganización judicial.
Se trata de los vehículos Fynsa Desarrollo Inmobiliario I y Fynsa Desarrollo Inmobiliario II, que están involucrados con la firma en un proyecto inmobiliario cada uno.
En el caso del primer fondo de inversión, información reportada al regulador muestra que la cartera incluía un inversión por $ 1.962 millones en Inmobiliaria Capitán Orella SpA. Esto representa 15,1% de los recursos del fondo Desarrollo Inmobiliario I.
En el caso de Desarrollo Inmobiliario II, la exposición viene a través de Inmobiliaria Rodrigo de Araya SpA, con una inversión de $ 3.557 millones a junio, equivalente al 23,9% del patrimonio total del fondo.
El proceso
Desde Fynsa señalan que han estado en conversaciones con la constructora y que están “levantando información” sobre la situación para evaluar sus próximos pasos.
“Estamos viendo cuáles son las gestiones a realizar para resguardar el interés de los inversionistas”, comenta el gerente inmobiliario de la administradora de fondos, Pablo Massera.
El grueso de los aportantes del vehículo son clientes de Fynsa, pero en la nómina también figuran la compañía de seguros Penta Vida, con un 18,8% de las cuotas de Desarrollo Inmobiliario I y un 30,5% de Desarrollo Inmobiliario II, y Sociedad de Inversiones Guiroth, con 9,6% y 3,0% de las cuotas, respectivamente.
Ahora, queda esperar que el proceso empiece a marchar. El abogado de SAE, Juan Cristóbal Pino, del estudio Castañeda Abogados, destalla que esta semana esperan tener el certificado de denominación del veedor del proceso, lo que le daría pie al Tribunal a dictar la resolución de reorganización y encontrar fecha para la junta con los acreedores. Ésta, explica, debería darse a principios de noviembre.
Si bien lan inmobiliarias –y Fynsa, a través de las sociedades Capitán Orella y Rodrigo de Araya– no figuran como acreedores de SAE, son actores importantes. “Si las inmobiliarias no deciden apoyar este proceso, desde el punto de vista de la mantención y conservación de los contratos de construcción suscritos actualmente por SAE, el acuerdo corre peligro”, señala Pino.
Eso sí, recalca, la percepción que tienen las inmobiliarias es de que es necesario aprobar el acuerdo para poder “seguir construyendo” y que la situación surgió a raíz de la pandemia y no del actuar de la firma.
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