El proceso de adquisición de un tercio de Servipag por parte de Santander tomará más tiempo. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) comunicó esta semana que extenderá la investigación de la operación por hasta un plazo máximo de 90 días adicionales.
De acuerdo al documento de la autoridad, el 6 de febrero se celebró una reunión en la cual se le informó a ejecutivos del Santander de los riesgos que podría producirse para la libre competencia si se concretara la compra.
Servipag es una sociedad de apoyo al giro bancario donde actualmente sus propietarios son Banco de Chile y Bci en partes iguales. A esta firma, Santander quiere ingresar como socio con un tercio de la propiedad y por lo cual la FNE inició una investigación el pasado 4 de enero.
Uno de los motivos que gatilló una extensión del proceso indagatorio es que se tuvo en cuenta que “podrían existir riesgos respecto de un eventual cierre de sucursales” y “se estima que la operación produciría un incentivo a cerrar posiciones de caja, sucursales y corresponsalías por parte de Santander”, según la FNE.
Las inquietudes de la autoridad se centran en los mercados de recaudación presencial y digital.
De acuerdo a los antecedentes preliminares de la FNE, las partes de la transacción -Banco de Chile, Bci y Santander- “tendrían participaciones de mercado significativas, sobre todo en la recaudación digital”.
La Fiscalía hacen notar que existe una “alta cercanía competitiva entre Santander y Servipag, particularmente en recaudación digital”.
A juicio de la autoridad, existiría en cuanto a la recaudación presencial y digital, “un riesgo unilateral de aumento de precio y/o de empeoramiento de las condiciones comerciales para las empresas prestadoras de bienes y servicios”.
Otra posible limitante es Tranbank a través de su marca Webpay, pues los bancos se encontrarían relacionados al contar con accionistas comunes en estas sociedades que afectaría el mercado de botones de pago. Este nicho corresponde a la instalación, operación y comercialización de hipervínculos que sirven como canales de pago.
De concretarse la compra de Santander, la FNE considera que las partes conjuntamente tendrían altos porcentajes de propiedad en Transbank, con un 59,9%, y en Servipag, el 100% luego de la operación.
Además, la autoridad señala en el documento que “tendrían la mitad de las colocaciones a nivel nacional” con un 49,7%.
Con este escenario, en el mercado de botones de pago podrían darse “potenciales alzas de precios a comercios”.
La FNE estima que podrían existir “riesgos coordinados derivados de la operación”. Este panorama se produciría en los servicios bancarios hacia empresas, y en los distintos nichos o mercados que podrían estar involucrados en dicha actividad.
La Fiscalía pone de ejemplo el cash management (servicios de recaudación), donde existe el riesgo de una posible coordinación entre los bancos, disminuyendo la competencia, “haciendo que una eventual coordinación fuera más probable, más completa y más sostenible que antes de ésta”.
Agregó que existe un riesgo coordinado en el desarrollo de nuevos productos, pues ser alterarían los incentivos individuales de los bancos.
Consultado Santander por el caso, declinó referirse al asunto.
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