El pasado 22 de mayo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley para simplificar el acceso de las empresas al mercado financiero, particularmente el financiamiento a través de bonos. Esto, en medio de la discusión respecto a la posibilidad de que el Estado apoye financieramente a algunas compañías que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus, como Latam Airlines.
Debate que se aceleró luego de que la semana pasada la aerolínea se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense, en búsqueda de reorganizar su estructura. Ello llevó a que el Gobierno se abriera a apoyar el proceso, iniciando una negociación con el Parlamento para definir si el Fisco respalda a las empresas estratégicas (como Latam) a través de actuar como aval de su deuda, o a través del ingreso en la propiedad. Dicha discusión sigue en proceso.
En ese contexto, hoy el Gobierno ingresó a trámite un proyecto misceláneo que engloba una serie de medidas para mejorar el funcionamiento del mercado financiero.
En el texto, el Ejecutivo plantea una serie de modificaciones que involucran a las emisiones de bonos en el mercado local, el régimen de inversiones de las AFP y los requerimientos de liquidez para las aseguradoras.
Financiamiento de las empresas
Este es quizá el punto más importante del proyecto, ya que se agiliza el proceso para la inscripción de emisiones de deuda ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con miras a facilitar la colocación de instrumentos y, por tanto, el acceso al financiamiento en momentos en que varias compañías requieren recursos para funcionar por el impacto de las medidas de confinamiento social para contener el avance del coronavirus.
Así, se establece un sistema de inscripción automática de títulos de deuda en el Registro de Valores que lleva la CMF, para aquellos emisores que ya inscritos presenten una solicitud de inscripción cumpliendo con los requisitos que para el efecto establezca la comisión. Dicho trámite pasaría de 90 días a un día.
Asimismo, se acortan los plazos relacionados a la citación de juntas de accionistas o asambleas de socios de emisores de valores de oferta pública. También, para las SA abiertas se permite que la CMF establezca nuevas formas de citación.
Un punto clave es que la propuesta abre la puerta a que para determinadas emisiones de títulos de deuda, la clasificación de riesgo sea "voluntaria" al momento de la inscripción. Eso sí, el rating sería obligatorio al momento de la emisión del instrumento.
"Los efectos de la crisis sanitaria en la economía, también se están traduciendo en una mayor necesidad de recursos por parte de las empresas siendo necesario por tanto agilizar y hacer más expeditos los procesos de emisión de títulos de deuda en el mercado de valores", argumenta el texto, firmado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro Briones.
Régimen de inversión de AFP
Respecto a los fondos de pensiones, la propuesta busca incorporar la posibilidad de que puedan invertir en títulos de deuda no inscritos, siempre que sean transados en una bolsa de valores nacional, el emisor esté inscrito en el registro de la CMF y se cumpla con las demás condiciones que la Superintendencia de Pensiones establezca.
Adicionalmente, se propone aumentar el rango dentro del cual el Banco Central establece el límite para la inversión de los fondos en activos alternativos, "lo cual permitirá una mayor diversificación y la oportunidad de alcanzar mejores combinaciones de riesgo retorno", señala el texto ingresado al Senado. Dicho límite pasa de un 15% a un 20%.
"La crisis económica ha hecho necesario que se incorporen modificaciones legales que permitan a los fondos de pensiones ampliar el espectro de instrumentos financieros en los que puedan invertir", explica el presidente Sebastián Piñera en el mensaje.
Cambios para aseguradoras
Respecto a las compañías de seguro, se establecen una serie de modificaciones que flexibilizan sus requerimientos de liquidez, en vista de que la situación de los mercados podría implicar que caigan en "incumplimiento involuntarios" en materia de las inversiones que realizan, lo que podrían implicar "la venta de instrumentos en condiciones de mercado adversas que solo contribuirían a aumentar la volatilidad de mercado y a realizar retornos negativos", fundamenta la iniciativa.
Así, el texto legal propone modificar las normas relativas a la clasificación de riesgo que requieren ciertas inversiones representativas de reserva técnica y patrimonio de riesgo, así como las normas aplicables para el tratamiento de excesos, en caso de que se superen los límites establecidos para las inversiones representativas de reserva técnica y patrimonio de riesgo.
Pero por otra parte, también la propuesta incorpora una serie de limitaciones al reparto de dividendos de dichas compañías, supeditado a su situación patrimonial.
Así, el articulado establece que las compañías no podrán efectuar disminuciones de capital ni distribuir dividendos si con ello dejan de cumplir los requerimientos patrimoniales y de solvencia establecidos en los artículos 1 y 15 de esta ley. Adicionalmente, no podrán efectuar disminuciones de capital las compañías que presenten una razón de fortaleza patrimonial -definido como patrimonio sobre el patrimonio de riesgo requerido- inferior a 1,2 veces.
La distribución de dividendos se sujetará a las siguientes reglas: Si la razón de fortaleza patrimonial fuere mayor o igual a 1,1 veces y menor a 1,2 veces, la compañía podrá repartir como máximo el 50% de las utilidades; por otra parte, si dicho ratio fuera menor a 1,1 veces, la compañía no podrá repartir dividendos.
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