No son días de quietud en el Grupo Penta. El holding continúa con la venta de buena parte de sus compañías, donde destaca el proceso de cesión de Banmédica, donde tienen un 28,74% de la propiedad, a la estadounidense UnitedHealth Group, por un monto que se acerca a los US$ 2.800 millones.
A la vez, también se están desprendiendo de un paquete de carreteras avaluado en unos US$ 300 millones hoy en manos de la administradora de fondos de inversión Penta Las Américas.
Sin embargo, para los controladores del grupo, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, el foco está en otro lado. Los ingenieros comerciales de la Universidad Católica están concentrados en el cierre de la investigación que emprendió el Ministerio Público en su contra, por supuesto delito tributario y soborno en el llamado “Caso Penta”, la cual está llegando a su fin, tiene fecha de término mediados de octubre.
Esto, luego de que las pesquisas del caso fueran reabiertas en abril de este año, tras la solicitud que realizó el abogado defensor de Délano y Lavín, Julián López, al Octavo Tribunal de Garantía de Santiago, requerimiento que fue aceptado por el juez Juan Manuel Escobar.
De acuerdo a fuentes cercanas a los empresarios, ambos están concentrados en aquella instancia, donde los fiscales de alta complejidad que llevan el caso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, insistirán en una pena de diez años ambos.
Los mismos consultados han señalado que “los Carlos” han pedido expresamente no comentar su situación actual, por lo que sólo se remiten a decir que el foco principal, por sobre los negocios particulares y grupales, hoy es el proceso judicial que los envuelve.
Délano y Lavin, de pasar a estar con la medida cautelar más grave, prisión preventiva, se encuentran en la actualidad sólo con firma mensual. El arraigo nacional les fue levantado el dos de junio pasado.
Contra los fiscales
La petición del abogado López al Octavo Tribunal de Garantía de Santiago de reavivar las investigaciones del Ministerio Público fue acompañada por un requerimiento para que los fiscales Gajardo y Norambuena declararan por haber, según él, vulnerado las garantías constitucionales de sus representados cuando éstos fueron interrogados por los persecutores.
Esto, de acuerdo a lo que expuso López en su oportunidad, porque sus defendidos colaboraron con la investigación, buscando un atenuante, situación que la Fiscalía no habría respetado.
Esta petición del defensor también fue aceptada por la instancia judicial, lo que hizo reaccionar al jefe de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra.
“Derechamente hay una maniobra destinada a tratar de sacar a los fiscales Gajardo y Norambuena de la investigación”, dijo Guerra.
En una declaración en agosto al propio Guerra, Délano y Lavín señalaron haberse sentido engañados por los fiscales Gajardo y Norambuena, al no cumplir lo pactado en el interrogatorio, según consignó La Tercera.
De acuerdo a lo que han sostenido los propios persecutores en las audiencias, la colaboración que los empresarios prestaron en ningún caso fue “sustanciosa”, como lo exige la ley para imponer un atenuante.
Las ventas del Grupo
Antes del estallido del caso Penta, allá en 2014, nadie podía predecir la caída de un imperio conformado por importantes actores de los mercados financieros locales, com banca, salud e inmobiliario.
Pero la revelación de los supuestos delitos cambió todo. El efecto reputacional golpeó a los Carlos y poco a poco se inició la venta de la mayoría de sus participaciones en dichas sociedades. Desprendimiento de grandes empresas que comenzó antes del proceso judicial.
En 2013, sin prever lo que pasaría un año más tarde, el grupo vendió AFP Cuprum por cerca de US$ 1.500 millones a la gigante estadounidense Principal.
Luego, en medio de la crisis, vendieron en 2015 su participación en Banco Penta, operación en la que Banco de Chile se quedó con la cartera de créditos comerciales, por unos US$ 900 millones. Mientras, Security puso US$ 35 millones sobre la mesa para quedarse con la corredora de bolsa del holding y la Administradora General de Fondos Penta, negocio que incluyó activos bajo administración por cerca de US$ 1.200 millones.
Ahora, con la venta de Banmédica y de diferentes participaciones en carreteras, Délano y Lavín se quedarán solo con Penta Las Américas, el brazo inmobiliario del holding, y Penta Vida, la compañía de seguros del grupo. Esta última presidida por el ex ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, quien llegó a Penta pocos días antes de que el caso explotara.
La historia judicial del caso que derrumbó un imperio empresarial
2014
JUNIO La Fiscalía investiga fraude al Fondo de Utilidades Tributables con antecedentes recogidos en 2013.
AGOSTO El Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a siete miembros de Empresas Penta ante el Ministerio Público por fraude tributario, entre quienes se encontraban sus principales controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
OCTUBRE Hugo Bravo, ex gerente general de Empresas Penta, declaró que el holding financió de manera irregular a políticos de la UDI, con el fin de financiar campañas electorales.
2015
ENERO SII denuncia a Délano y Lavín por la emisión de boletas ideológicamente falsas. Se comienza investigar a Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería por supuestos pagos recibidos por parte del grupo Penta.
MARZO Lavín y Délano son formalizados por el Ministerio Público y quedan en prisión preventiva en Anexo Capitán Yáber. Misma situación para Hugo Bravo y Pablo Wagner, entre otros.
ABRIL El Octavo Tribunal de Garantía de Santiago revoca medidas cautelares para los controladores de Penta, quedan solo con arraigo nacional.
2016
ABRIL Délano, Lavín son reformalizados por evasión tributaria.
2017
FEBRERO Se formaliza a conyugues de los empresarios por delitos tributarios.
MARZO Fiscalía cierra investigación.
ABRIL Tribunal de Garantía reabre investigación del Caso Penta tras la solicitud del abogado defensor de Délano y Lavín, Julián López.
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