Un nuevo flanco judicial se abrió para las AFP, en medio de la crisis que enfrenta la industria por la abrupta caída que sufrió el fondo E entre enero y septiembre de este año.
A los recursos de protección que comenzaron a presentar afiliados ante distintas cortes de apelaciones del país ahora se sumó una acción en sede penal. El abogado y afiliado Robinson Quelín, ingresó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella por administración desleal en contra de AFP Capital, su representante legal y los integrantes de su directorio.
Así, la acción está dirigida en contra del presidente de la mesa, Juan Carlos Chomalí; los directores Germán Concha, Magdalena Aninat, Rodrigo Moreno, María de los Ángeles Pérez e Ignacio Rodríguez; y el gerente general de la gestora, en su calidad de representante legal, Renzo Vercelli. También, apuntó a todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores.
El escrito busca que el Ministerio Público investigue si las decisiones adoptadas respecto de las inversiones en renta fija y derivados de tasas infringieron los deberes de administración y ocasionaron un perjuicio patrimonial a los fondos o al querellante.
Las acusaciones
La querella planteó que el Ministerio Público debe establecer si las decisiones relacionadas con la renta fija y los derivados de tasas infringieron los deberes de administración y provocaron un perjuicio patrimonial.
“La querella solicita investigar si determinadas personas, en ejercicio de funciones de dirección, administración, inversión, control o supervisión, decidieron mantener, aumentar, reducir o cerrar posiciones en derivados sin una evaluación suficiente de los riesgos de tasa, duración y liquidez; pese a advertencias concretas; en contradicción con políticas internas de inversión; excediendo límites legales o internos; omitiendo medidas razonables de cobertura o reducción; priorizando intereses competitivos o corporativos; o actuando de manera manifiestamente contraria al interés patrimonial de los fondos administrados”, señala el escrito.
La acción reconoció que un resultado negativo no acredita en sí mismo la comisión de un ilícito. “La existencia de una pérdida de mercado, la utilización de derivados o la adopción de una estrategia que posteriormente resulte desfavorable no configuran, por sí solas, administración desleal”, sostuvo.
Añadió que “una decisión de negocios simplemente equivocada no basta para activar responsabilidad penal”, por lo que la investigación deberá distinguir entre un eventual incumplimiento administrativo o civil y una actuación desleal o abusiva.
Las diligencias
La querella solicitó casi 30 diligencias a la Fiscalía. Entre ellas, que AFP Capital entregue sus políticas de inversión y riesgo, pruebas de estrés, informes de liquidez y las actas de los directorios y comités en que se abordaron las posiciones en derivados y la duración de las carteras.
También, requirió los contratos, valorizaciones, garantías, llamados de margen y operaciones de cierre, renovación o desarme de estos instrumentos, además de la identificación de quienes los autorizaron, ejecutaron o supervisaron.
Asimismo, pidió revisar eventuales bonos, remuneraciones variables e incentivos de corto plazo de directores, ejecutivos, operadores y responsables de riesgo que pudieran haber incidido en las decisiones de inversión.
Además, incluyó la realización de un peritaje financiero, contable y actuarial para establecer la naturaleza de las operaciones, diferenciar entre pérdidas realizadas y de valorización, y determinar si existió una relación causal entre las decisiones adoptadas y los resultados obtenidos.
Del mismo modo, solicitó que declaren los directores, gerentes, operadores, auditores y responsables de riesgo que participaron en las operaciones, junto con los funcionarios de los organismos reguladores que hubieran emitido advertencias.
El querellante
El querellante reconoció en su presentación que actualmente mantiene sus ahorros previsionales en el fondo C y que la caída general del fondo E no permite afirmar automáticamente que haya sufrido ese mismo perjuicio.
En su escrito, señaló que el afiliado registró un saldo total de $ 28,8 millones y que mantuvo recursos en distintos fondos durante períodos anteriores. Por ello, solicitó obtener sus cartolas, movimientos y cambios de fondo para determinar si experimentó una pérdida individual atribuible a las decisiones de AFP Capital.
La querella pidió que los hechos sean investigados por una fiscalía de alta complejidad y una unidad especializada de la Policía de Investigaciones (PDI). También dejó abierta la posibilidad de que durante las diligencias se determinen otros eventuales delitos.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Pensiones
{{/if}}
