En la tarde de este jueves finalmente se conocieron las esperadas indicaciones a la reforma previsional, que el Gobierno se había comprometido hace meses enviar al Congreso, pero que no había podido ingresar por falta de acuerdo político.
Y si bien ahora las presentó, tampoco pudo hacerlo con un consenso.
Tal como lo había anticipado la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara este lunes, La Moneda apostó por una nueva fórmula para el alza de 6% de cotización adicional, el punto crítico que mantiene entrampada la iniciativa del Ejecutivo.
Así, ingresó una indicación que desecha que los seis puntos de cotización extra vayan íntegramente a un seguro social, como lo establecía originalmente el proyecto de ley.
Ahora, apuesta a que tres puntos sean destinados a solidaridad, mientras que dos vayan a capitalización individual y el 1% restante, a fortalecer el empleo y formalidad de las mujeres (financiando sala cuna y una compensación por expectativas de vida).
Respecto a los dos puntos que serían destinados a capitalización individual, el diseño de la transición establecería que el primer punto se entere en 2029 y el segundo, en 2030.
Duda constitucional en la oposición
La nueva propuesta ha generado críticas por parte de la oposición, sector político que rechaza que los puntos de cotización vayan a solidaridad, argumentando que sería establecer un sistema de reparto.
Además de criticar los tres puntos a un seguro social, el jefe de bancada de RN, el diputado Frank Sauerbaum, anunció que analizarán la constitucionalidad de entregar puntos de cotización para sala cuna. “Nos llama la atención que el Gobierno quiera mezclar dos políticas públicas distintas”, sostuvo.
Sauerbaum advirtió que “cuesta entender cuál es la lógica de esto y no sabemos si cumple los requisitos constitucionales para ser presentado porque prácticamente no tiene nada que ver con la iniciativa actual que se presentó”.
Recientemente, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, fue tajante al señalar que no existe espacio de acuerdo en el Congreso para ceder hacia la solidaridad “aunque sea un punto”.
De hecho, planteó retrasar la discusión sobre esta materia dado que no hay consenso en que los tres puntos vayan a un seguro social. “Dejemos quizás para el próximo Gobierno, para el próximo Parlamento, porque ya tenemos un sistema político que está como está”, esbozó.
Consultada al respecto de la negativa de la derecha, la ministra Jara expresó este jueves que valora que, al menos, haya respaldo para los otros tres puntos, vale decir, para la mitad de la fórmula. “Un poco de empatía y seguramente nos vamos a encontrar”, manifestó.
Cambios en las AFP
Aunque ya no deroga el DL. 3.500, las AFP tal como se conocen y funcionan hasta hoy dejarían de existir en el sistema con las indicaciones, de la misma forma que lo establecía el proyecto original.
No obstante, se presentó una enmienda en la reorganización de la industria, que fue recogida por el Ejecutivo en la última mesa de expertos del Ministerio del Trabajo con representantes técnicos de los distintos sectores políticos.
Así, para el soporte -que originalmente quedaba a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS)- se realizará una licitación para crear una empresa denominada “Administrador Previsional”, similar al actual modelo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), cuya licitación a lo largo de los años ha sido adjudicada por las mismas AFP y/o por sus controladores.
El soporte se entiende como aquellas labores de recaudación, cobranza de cotizaciones, administración de cuentas, pagos, cálculo de beneficios, consultas y atención a público.
Otro de los cambios que establecen las indicaciones es mantener la opción de retiro programado, además de la renta vitalicia, asegurando la posibilidad de herencia, uno de los temas más valorados por la ciudadanía.
Además, el proyecto contempla que los inversores de pensiones -que son los que tendrán a cargo la inversión- puedan competir mediante licitaciones de stock de afiliados, a razón del 10% del stock con el consentimiento del usuario y con tope del 30%.
Este es uno de los puntos que hasta el momento genera opiniones dispares al interior de Chile Vamos y para algunos enciende las alertas de que el Estado termine administrando una parte relevante de las carteras.
Para Jara, “en materia de la industria de pensiones, se confirma el término de las AFP. Desde la oposición nadie pidió lo contrario”, dijo en forma tajante la secretaria de Estado tras dar a conocer las indicaciones.
UDI oficia a ministra Jara para que explique qué información se ha usado para calcular las tasas de reemplazo
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
gobierno
