Oposición se prepara para fiscalizar las municipales a punta de acusaciones por intervención electoral

Luego de la molestia que generó en la oposición la participación de la ex ministra de Salud y actual candidata a alcaldesa por Ñuñoa, Helia Molina (PPD), en la gira que la presidenta Michelle Bachelet realiza a Estados Unidos con motivo de la 71 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, un alto dirigente del sector advertía que “los vamos a tapar a acusaciones de intervención”, aludiendo a que ésta será la principal estrategia con que la derecha pretende fiscalizar el proceso y evitar que el gobierno favorezca a los aspirantes del oficialismo durante la campaña municipal.

En el marco de la mencionada estrategia, representantes de Chile Vamos hicieron ayer en la tarde una presentación ante la Contraloría en la que, junto con reiterar –como sostuvieron en la acusación contra del alcalde de Buin, Ángel Bozán (PPD)- que la actuación de la mandataria no respeta el Oficio 8.600 del organismo, piden el pronunciamiento del órgano contralor, “respecto de la legalidad de la designación como ayudante de S.E. la Presidenta de la República de la señora Helia Molina Milman, de su eventual remuneración por dichos servicios y del procedimiento que se hubiere empleado para determinar su designación”.

Agregan también que se les “pueda informar el detalle de los recursos públicos asociados a la incorporación de la indicada candidata en la gira presidencial, tales como gastos en pasajes aéreos, alojamiento, alimentación y movilización, especialmente considerando que no regresará al país junto con la comitiva oficial, sino que lo hará de forma anticipada, según se ha informado desde la propia Presidencia, así como un pronunciamiento sobre la legalidad y pertinencia respecto de estos gastos y de su imputación presupuestaria”.

Ello, en el contexto de que constituiría un acto de “intervención electoral”, ya que para la derecha “resulta evidente que dicha designación constituye una forma de valerse del empleo para favorecer la candidatura de la señora Molina Milman”, según cita el texto presentado.

“Condoro”

Más temprano, el vocero semanal del pacto opositor, el timonel de la UDI Hernán Larraín, advirtió sobre “el nivel de intervencionismo a que está llegando el gobierno. Hay una campaña sistemática de intervención electoral en aquellos aspectos y lugares que el gobierno de la Nueva Mayoría considera de mayor debilidad” y con ello no sólo apuntó al caso de Molina, sino que también reiteró que los recursos estatales están llegando en mayor medida a municipios oficialistas, acusando al Ejecutivo de transgredir las normas y sus propios instructivos en materia de campañas políticas.

Acto seguido y con posterior arenga en respaldo del candidato RN por Ñuñoa, Andrés Zarhi, advirtió que “los chilenos no somos tontos, nos damos cuenta de este abuso”.

El secretario general de RN, Mario Desbordes, en tanto, calificó de “condoro” la decisión del gobierno de incluir en la comitiva a Molina. A su juicio, el sólo hecho de que la ex ministra sea candidata debió “haber hecho que La Moneda se inhibiera”.

Mientras que el vocero Marcelo Díaz defendió las “competencias técnicas” que avalaría a Molina para haber realizado el polémico viaje y subrayó que “es una persona altamente competente para estos temas. No está haciendo campaña en Nueva York, está colaborando con una iniciativa de la que Chile forma parte relevante, la Presidenta es codirectora de esa iniciativa mundial”.

Las excepciones según Contraloría para el período eleccionario

"Cuando las autoridades afectas a estas instrucciones dispongan u organicen actos, ceremonias o eventos oficiales, que devenguen gasto público, deben procurar la igualdad de trato, en términos de oportunidad, entre los distintos sectores políticos, sea respecto de candidatos o autoridades en ejercicio".

El párrafo corresponde a un extracto del texto emanado desde la Contraloría General de la República el 3 de febrero pasado y que contiene las "instrucciones con motivo de las elecciones municipales del año 2016".

El mismo añade que "por lo tanto, el funcionario público, en el desempeño de su cargo, no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de ese empleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político".

Ambas precisiones, según la oposición, habrían sido ignoradas por la presidenta Michelle Bachelet a la hora de invitar a Estados Unidos a la ex ministra de Salud y actual candidata a alcaldesa por Ñuñoa, Helia Molina.
En dieciocho páginas el órgano revisor de cuentas se refiere, entre otras cosas, a la "prescindencia política de los funcionarios de la administración del Estado", a la "prohibición de uso de bienes, vehículos y recursos físicos y financieros en actividades políticas" además de "las responsabilidades y denuncias".

Pero en el mismo texto la Contraloría también hace alusión a las "excepciones".

Y en ese sentido señala que "las restricciones no son aplicables a los funcionarios que con arreglo a la Constitución Política, tienen la calidad de servidores de la exclusiva confianza del Presidente de la República".

Las limitaciones tampoco rigen para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, precisa el organismo que encabeza Jorge Bermúdez.

Quienes también están eximidos de las restricciones son los funcionarios que se desempeñan en la Oficina Nacional de Emergencia, cuando estén en comisiones de servicio producto de su trabajo.