Seis puntos del plan de migración del gobierno generan inquietud entre extranjeros en Chile

Por Denisse Vásquez H.

Tras los anuncios del gobierno en materia migratoria, que incluyeron la exigencia de una visa consular para los haitianos y un plan de regularización extraordinaria con un plazo máximo de 90 días, las reacciones de las organizaciones pro migrantes no se hicieron esperar. En un acto realizado ayer en el Paseo Bulnes, frente al Palacio de La Moneda, los voceros expresaron públicamente su “preocupación profunda”, por el contenido, la forma y sobre todo los tiempos de los cambios en la normativa migratoria, especialmente en seis aspectos relacionados con la expulsión, el otorgamiento de visas y la garantía de derechos a los extranjeros establecidos en Chile.

Estos puntos son la eliminación de la visa por motivos laborales, la imposición de visas consulares, la prohibición de realizar cambios al estatus migratorio estando en el territorio nacional, las expulsiones o reconducciones inmediatas a quienes no cumplan con la ley, que las visas humanitarias estén supeditadas a una nacionalidad en particular (haitiana) y que el acceso a la seguridad social y los beneficios de cargo fiscal solo se puedan ejercer luego de dos años de residencia en el país.

“Rechazamos profundamente la mirada utilitarista y economicista que manifiesta el Estado en relación a la migración. Enfatizamos que la migración es una cuestión de derechos humanos y no un fenómeno que se controla de acuerdo a las necesidades o intereses de un Estado”, manifestaron en una declaración conjunta firmada por el Servicio Jesuita a Migrantes, el Movimiento de Acción Migrante, la Fundación Superación de la Pobreza y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, entre otros.

Dudas en primera persona

Eduardo Cardoza, vocero del Movimiento Acción Migrante, se mostró en contra de los cambios en el sistema de visado argumentando que generará mucha más irregularidad, como ocurrió en Estados Unidos cuando restringió el acceso a las visas en la década del 60 y que ahora enfrenta más de 12 millones de personas en condición irregular.

“Esto se decretó y el plazo es demasiado corto, pero tal vez obtenga un resultado transitorio. Pero cuando se vea a mediano plazo, en un año o dos, esto va a traer muchos más problemas que beneficios para Chile y es lo que no queremos porque nosotros vivimos acá”, resaltó Cardoza.

Para el embajador juvenil de Haití en Chile, Wadner Maigan -más allá de lo apresurado de la exigencia de visa consular-, el problema es la diferencia que hace entre su nación y otro origen. “La visa de turista que nos darán será por solo 30 días y los otros países pueden optar a un máximo de 90 días. ¿Por qué ocurre eso?”, planteó.

Karen Pérez, vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, resaltó su inquietud por la falta de enfoque de derecho en las medidas adoptadas por el Ejecutivo, calificando el proyecto como “totalmente restrictivo”. Agregó que la iniciativa “ahonda en el perjuicio a los y las trabajadoras migrantes en contra de los tratados de derechos humanos de los trabajadores de la OIT, que ha firmado Chile históricamente”.

Próxima parada: el Congreso

Tomando en cuenta los reparos, los voceros de varias de las organizaciones manifestaron que el próximo paso será hacer notar las deficiencias a los parlamentarios, para que las tengan en cuenta en el debate del proyecto que se retomará -luego de una pausa de cuatro años- el próximo martes en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.

De hecho, los congresistas de dicha instancia acordaron iniciar el debate la próxima semana para lo cual invitarán al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y al subsecretario del ramo, Rodrigo Ubilla.

Asimismo, recibirán hasta las 12:00 horas del lunes las propuestas de invitados y también los requerimientos de las organizaciones que quieran ser parte del debate y de ahí seleccionar los que asistirán, según declaró la presidenta de la comisión, diputada (PS) Daniella Cicardini.

“Vamos a conversar con los parlamentarios. Tenemos la esperanza de que el Congreso pueda modificar algunas cosas, aunque nos preocupa que los decretos que ya se establecieron no se pueden tocar”, dijo Cardoza.

La apertura al diálogo de los parlamentarios contrastó con la medida del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) de disolver el Consejo Consultivo Nacional deMigraciones, pese a que su nueva directiva había sido elegida solo unas semanas atrás.

A través de una carta, el DEM agradeció a los miembros el trabajo realizado y les informó que se creará un nuevo consejo que tendrá una convocatoria abierta y dependerá de la Subsecretaría del Interior.