Cristián Vargas: “La reforma tributaria hoy no tiene el consenso necesario para perdurar en el tiempo”

Un año y tres meses lleva el abogado Cristián Vargas como director de Tax & Legal de la consultora BDO Chile. El ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) y quien tuvo un rol clave en el devenir de los denominados casos de platas políticas (ver recuadro) se ve tranquilo.

Atrás quedaron los 20 años de trayectoria en el fiscalizador tributario y hoy está enfocado en la asesoría a empresas y personas naturales en el proceso de entender e implementar la reforma tributaria de 2014, que hace un año fue objeto de modificaciones legales.

En esta entrevista, Vargas advierte que los nuevos regímenes que comienzan a operar este año (integración parcial y renta atribuida) tienen problemas de aplicación que preocupan a los contribuyentes y propone fórmulas para simplificar el nuevo esquema, asumiendo que un próximo gobierno deberá realizar modificaciones a la primera reforma estructural aprobada por el actual gobierno.

- ¿Qué le parece que la discusión tributaria esté abierta? Varios candidatos presidenciales han planteado simplificaciones a lo aprobado.

- La reforma tributaria no generó los consensos necesarios en el país para perdurar en el tiempo. Se formó un sistema tributario complejo, con varios regímenes tributarios distintos, difícil de administrar y cumplir.

Y en el caso específico del sistema semi integrado, surgió de forma improvisada entre gallos y medianoche, sin que hubiera estudios ni mayores análisis técnicos que fundamentaran su adopción.

Además, ninguno de los regímenes principales (integración parcial y renta atribuida) contiene incentivos al ahorro y la inversión que sean efectivos. También la recaudación será menor que la proyectada. ¿Cómo calza esto con el presupuesto de los gastos comprometidos? Es algo que tiene que responder el Ministerio de Hacienda.

Esos son los problemas en general que presenta la reforma, y por lo tanto seguirán generando debate y probablemente cambios en un futuro gobierno.

- ¿Cómo se puede simplificar la ley?

- Se requiere una reforma que, por una parte, recaude lo que se fije como objetivo en función de las necesidades de financiamiento fiscal, considerando la mayor equidad tributaria posible. Y por otra, que no genere trabas al crecimiento económico, al ahorro y a la inversión, sino que los incentive.

Y parece haber bastante consenso en el ámbito económico y jurídico que integrar en un 100% el impuesto de Primera Categoría con el Global Complementario es una buena medida y logra equidad horizontal de rentas empresariales del capital y del trabajo.

También se ha planteado igualar la tributación de las empresas y personas con una tasa similar, supongamos 30% a las empresas y 30% como tasa marginal máxima para las personas. El problema en realidad no son las tasas del Impuesto a la Renta, sino cómo se forma esa base imponible y los mecanismos impositivos que se han establecido es lo importante.

- Es difícil lograr aquello sin que impacte la recaudación.

- Por ejemplo, habría que aplicar mecanismos pro inversión como la depreciación instantánea en la compra de activos fijos.

También se han planteado otras alternativas como subir o igualar el impuesto a las bencinas con el diésel, que es una medida bastante razonable pero que quizás tenga problemas políticos.

Ahora, la recaudación que generen medidas proinversión, también producen un mayor dinamismo económico y eso aumenta la recaudación.

- Usted estaba en el SII cuando se zanjó el acuerdo para destrabar la reforma el 2014. ¿Faltó un mayor análisis técnico?

- Aquí se trató de improvisar sobre la marcha, sin mayores estudios o análisis técnicos que fundamentaran la opción de estas medidas, y ese es un problema grave.

Las normas tributarias son muy importantes y tienen efectos sobre la economía, el empleo, el crecimiento, la inversión y el ahorro. Por lo tanto, son reformas que tienen que perdurar por mucho tiempo, no son cuestiones que se puedan improvisar, por las razones que sean, políticas o por presión de grupos de interés.

- ¿Es bueno que se discuta tan seguido cambiar el sistema impositivo? Ha pasado apenas un año de la simplificación y ya pareciera ser una bandera de campaña.

- Lo considero positivo porque esta reforma no logró los consensos necesarios, hay muchas críticas y el sistema que creó es complejo y difícil de administrar y fiscalizar por el SII. Basta ver la cantidad de registros que tienen que llevar las empresas, las circulares y la cantidad de papel invertido en ellas. Y eso es es un problema.

- Usted asesora a varias empresas, ¿cuál es el sentimiento respecto de la reforma considerando que hace un mes terminó el plazo para adoptar un régimen?

- Lo que hemos percibido de las conversaciones con clientes es un sistema complejo, que no permite precisamente cumplir de manera fácil. Porque son normas difíciles de entender, se necesitan asesores, gente experta, y para los asesores no es algo fácil.

El desafío de la norma antielusión

- Como subdirector jurídico, usted fue actor clave en el diseño de la norma general antielusión. ¿Quedó suficientemente aclarada en la simplificación?

- Es una norma importante que el país tenía que adoptar, pero creo que la simplificación la tornó en una norma bastante ineficaz.

Es una norma difícil de interpretar, de determinar su sentido y su alcance, contiene disposiciones que pueden entenderse e interpretarse de maneras contradictorias, y eso es grave en una disposición legal. Tiene problemas de faltas de certezas jurídicas.

- ¿En qué se refleja esa percepción?

- Por ejemplo, en que hasta la fecha el SII no ha levantado un caso de aplicación de la norma antielusión.

Me parece que eso es grave porque demuestra que la norma no es lo eficaz que debiera haber sido, es una norma difícil de utilizar por parte del servicio, sobre todo porque se trata con el procedimiento establecido por la misma ley, bajo la cual el servicio tiene que llevar su caso al tribunal tributario y aduanero. Ahí se puede formar una jurisprudencia desfavorable al SII y eso es complicado.

- ¿Qué tan pesada será la tarea para el próximo ministro de Hacienda y director del SII?

- Hay que buscar una reforma tributaria que recaude lo que se ha fijado, pero que tampoco sea una traba para el empleo o la inversión, que las modificaciones no signifiquen un castigo a la inversión y al ahorro.

"el sii ha sufrido una precarización de su carácter técnico"

- ¿Qué reflexión hace a más de un año de su salida del SII en el marco de los casos Penta y SQM?

- Los casos de financiamiento irregular demostraron dos cosas fundamentales. Lo primero, que el SII no está para proteger a las autoridades políticas y a nadie que cometa ilícitos o delitos tributarios, sino que está para fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias y actuar con las herramientas con que la ley lo ha dotado, entre otras, la acción penal.

Lo segundo, que hay que reformar el modelo de fiscalización del SII.

No es aceptable que, por largo tiempo, grandes empresas hayan estado registrando facturas y boletas de honorarios falsas, considerándolas como gastos deducibles de impuestos, sin que el SII lo detectara en cumplimiento de su función fiscalizadora. La sensación de riesgo para estas empresas era inexistente. Mientras, durante el mismo tiempo, el SII hiciera noticia por fiscalizar kermeses en los colegios. Eso da cuenta de falencias en la labor fundamental del SII.

- ¿Y eso no ha cambiado bajo la dirección de Fernando Barraza?

- Me parece que el SII ha sufrido una degradación o precarización de su carácter técnico. Es un problema de conducción y de dirección, fundamentalmente, y no de los funcionarios, quienes en su gran mayoría cumplen comprometidamente su labor.

Hay que fortalecer las capacidades técnicas del SII, mejorar su trabajo jurídico y la fundamentación legal de sus actuaciones fiscalizadoras, que muchas veces es precario.

Además, hay que mejorar la exactitud jurídica de sus actos de interpretación legal. Es lo que puede otorgar confianza y seguridad jurídica a los ciudadanos y a los contribuyentes. Que el SII interprete las leyes tributarias buscando la exactitud jurídica y no otros objetivos. Es lo propio de un Estado de Derecho.