Bonistas otorgan 90 días a Alsacia para negociar con el gobierno mejoras al contrato del Transantiago

En medio de la tormenta del Transantiago, Alsacia y Express, que en conjunto conforman el principal operador del sistema de transporte capitalino, darán la pelea para defender su operación.

La compañía de capitales colombianos dispara contra el gobierno y lo acusa de aplicarles medidas sancionatorias en forma encubierta y, lo más grave, excluirlos anticipadamente de la licitación de 2017.

El presidente de Express, José Ferrer, quien encabeza las negociaciones con las autoridades y con los tenedores de bonos, a los que hace dos semanas debía pagar los US$ 20 millones de la quinta cuota del crédito, comenta que los acreedores les dieron un plazo adicional de 90 días para tratar de acordar con el gobierno una fórmula que les permita mejorar su contrato.

Lo anterior incluye un alza de 28% en la tarifa por pasajero transportado y, eventualmente, revisar más en profundidad el convenio para ver otras mejoras.

"Es un período de gracia corto que los bonistas nos permitieron para dialogar, negociar y encontrar una solución", precisó el ejecutivo y agregó que esperan iniciar las conversaciones con la autoridad, aunque aclara que ello no supone la apertura inmediata de un proceso de revisión excepcional.

"Puede ser que las conversaciones deriven en la instalación de un proceso excepcional o una modificación del contrato para abordar una eventual solución", aseguró.

En todo caso Ferrer reconoce de antemano que las posibilidades son cada vez más escasas, dada la actitud de las autoridades de transportes. "Es un período corto y las alternativas son escasas y si el gobierno no está dispuesto a sentarse en una mesa y buscar una solución, no vemos cómo vamos a solucionar esta problemática", precisó.

Deudas pendientes

Un factor que pesó en la decisión de los bonistas a la hora de respaldar la deuda de Alsacia, explicó Ferrer, fue la imagen del sistema chileno de concesiones a lo largo de los últimos 30 años y el compromiso, por contrato, de Transportes de asegurar el equilibrio y la sostenibilidad financiera de las empresas.

"Por eso los bonistas han estado muy sorprendidos con el actuar del gobierno y se lo han hecho saber a los ministros de Transportes y Hacienda", comentó.

Agregó que la fe de los acreedores en el sistema fue más allá, pues cuando en 2014 se acogieron al capítulo 11 de la Ley de quiebras de Estados Unidos y ello derivó en la renegociación de la deuda, ellos, al igual que la empresa, estaban conscientes de que el plazo de concesión y las condiciones de los nuevos contratos, no serían suficientes para enterar el total de la deuda.

Los recursos derivados de la operación de las empresas alcanzarían para cubrir sólo el 18% del capital adeudado, dejando pendiente unos US$ 300 millones. "La idea era que tanto Alsacia como Express participaran en las próximas licitaciones, con la idea de usar la continuidad de las operaciones como un factor para buscar un plazo adicional para cancelar parte de la deuda", agregó.

Por ello es que calificó como improcedente la posibilidad que planteó la autoridad de que a raíz de los incumplimientos ambas firmas sean excluidas del concurso.

"Los anuncios del ministro que dice que somos un mal operador son preocupantes y es extraño que además, la persona encargada de preparar las bases de licitación diga que uno está descalificado por incumplimiento, porque siendo voz y parte en el proceso, ya nos precalifique y nos excluya", acusó.

Añadió que al Estado no le conviene no asegurar la continuidad del servicio a operadores que demuestren tener la capacidad para cumplir. "Hemos cumplido con nuestras obligaciones y se nos señala como malos operadores, cuando nuestros indicadores se deben a la diferencia de flota que tenemos", puntualizó. (Ver recuadro)

servicios como parte del patrimonio

Ferrer explicó que los bajos índices de cumplimiento de Alsacia y Express se deben a los 133 buses que no fueron considerados en sus contratos, pero sí en sus planes operacionales. Estas máquinas corresponden a cinco recorridos que serán asignados a otros operadores. El primero de ellos, correspondiente al servicio 112 (que transita en La Florida), fue formalizado por la autoridad este lunes.

"La eliminación de servicios no sólo se escapa de lo permitido, sino que es incompatible con el contrato. Es una medida sancionatoria encubierta que confirma los ataques del gobierno por la calidad de la operación, cuando en realidad es el déficit de flota, lo que explica que estemos por debajo de la media en el ránking", acusó.

Para Ferrer la opción que da el contrato es la compra de buses nuevos lo que fue desechado por el gobierno. "Han argumentado que no cuentan con los recursos por la situación fiscal y que tenían instrucción de Hacienda de no aumentar el subsidio para el sistema", dijo el presidente de Express.