Polémica por reciclaje de baterías escala hasta la Fiscalía Económica

Es un mercado que anualmente mueve del orden de US$ 50 millones (considerando producto final) y por estos días enfrenta una dura polémica, derivada de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obligará a sus importadores a hacerse cargo de ellas una vez que termina su vida útil. Se trata de las baterías de los vehículos y aquellas que tienen aplicación industrial.

El problema surgió por la idea del Ministerio de Medio Ambiente de incluir entre los seis reglamentos que harán operativa la Ley REP la derogación de un decreto que prohíbe la exportación de baterías en desuso para ser recicladas, mientras exista capacidad suficiente para tratarlas.

En el reglamento se establece una serie de requisitos que deben cumplir los países a los que se busque llevar estos dispositivos.

El equipo que lidera el ministro Pablo Badenier basa esta decisión, según le explicaron a los actores de la industria cuando les presentaron el reglamento de la ley, en el hecho de que “se hace innecesario mantener vigente la prohibición”, la que “sólo atiende a la capacidad instalada en el país, sin velar por el manejo ambientalmente racional de esos residuos a nivel local ni en el extranjero”.

Las posturas están tan encontradas y los intereses comerciales en juego serían tan importantes, que el tema escaló hasta la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en la forma de una denuncia, en virtud de la cual la división antimonopolios del organismo ya habría citado a declarar a todos los actores de esta industria y en los próximos días determinaría si formaliza una investigación.

Importadores vs. recicladores

En Chile no se fabrican baterías, por lo que este mercado está integrado en primer término por los importadores de estos dispositivos. De acuerdo con cifras de Aduanas, trece empresas representan más del 90% de las internaciones. Lideran las automotrices Derco y Gildemeister con el 46% del mercado. Un poco más atrás están General Motors y las comercializadoras especializadas Emasa, Baterías Cyclon y ETNA, entre otras.

Esta última empresa es la que ha manifestado una postura más extrema en defensa de la apertura de las exportaciones.

“Como consecuencia de esta restricción, el país está experimentando un efectivo y creciente daño ambiental, ya que se desconoce el paradero de gran parte de este residuo, según lo ha declarado el propio Ministerio de Salud”, dice su gerente general Felipe Konno.

En el otro extremo está Recimat, la única planta en el país que realiza el tratamiento completo de las baterías, de las cuales se obtiene plástico, ácido y plomo, siendo éste último el principal contenido de estos dispositivos (de dos toneladas de baterías sale una tonelada de este metal), que en promedio pesan 18 kilos.

En agosto de 2014, una segunda planta que fundía la pasta de plomo fue cerrada en medio de un proceso de la autoridad ambiental para actualizar su infraestructura.

“Nos preocupa que el Ministerio de Medio Ambiente esté desarrollando el reglamento de la ley REP sin estudios técnicos ni consulta pública. Se pretende derogar el decreto 2 del Ministerio de Salud para permitir la exportación de baterías de plomo fuera de uso vulnerando los convenios internacionales firmados por nuestro país”, acusa Antonio Carracedo, gerente de RAM, la matriz de Recimat.

En paralelo a este sistema formal operan fundiciones ilegales que procesan baterías y exportan los lingotes de plomo (sobre los que no pesa la prohibición de exportar) y también contrabandistas de baterías sin reciclar, que las sacan declarándolas como chatarra, actores que con la ley REP buscarán ser formalizados y que con la eventual apertura de las fronteras verían reducido su accionar.

En medio de este mercado se ubica EcoValor, que intermedia entre ambos mundos, realizando la recolección y la entrega de las baterías para reciclaje. Esta empresa, creada por Gildemeister y Derco, comenzó a operar a fines de 2012 como una forma de adelantarse a la normativa que actualmente está en implementación y se estima entraría en vigencia hacia el primer semestre de 2018.

Para ese momento y como establece la ley, EcoValor será transformada en un Sistema de Gestión, un organismo sin fines de lucro, que articulará entre los gestores que recopilarán los residuos y los pondrán a disposición de los recicladores.

Cifras en juego

El objetivo de los importadores para cumplir la ley REP es que el pago por las baterías cubra el costo de la logística para llegar con los dispositivos en desuso hasta los puntos de reciclaje, sea en Chile o en el extranjero, donde les estarían ofreciendo precios más atractivos por este producto, en torno a US$ 1 por kilo en México, Corea o Estados Unidos.

De esta forma, se evitaría el cobro de la denominada "eco tasa" que se cargaría al precio de los productos en caso de que el costo de disponer de los residuos sea superior a lo que paga el que los reciclará.

En este sentido, los importadores acusan bajos precios de compra, los que RAM atribuye a sus altos costos de operación, lo que implica que en sus treces años de operación y pese a haber invertido más de US$ 15 millones, tengan utilidades por US$ 1,3 millones, provenientes, fundamentalmente, del pago que reciben por el retiro de la borra de plomo, un desecho de la fabricación de cátodos de cobre.

Actualmente, dicen en la industria, Recimat pagaría del orden de $ 100 por kilo de batería, aunque Carracedo retruca diciendo que en octubre ese monto corresponde a poco más de $ 200 por kilo.

Otra de las críticas es que no habría capacidad de tratamiento suficiente a nivel local, lo que dejaría anualmente del orden de 38 mil unidades sin tratamiento o bien a disposición de los operadores informales, pero en RAM descartan esta postura y acusan que la derogación de la prohibición los dejará sin espacio para competir, aunque quienes apoyan la medida la ven como la forma más expedita de acceder a capacidad adicional de tratamiento, mientras otras iniciativas de fundición que se proyectan en el país, se concretan.