Justicia Civil admite a tramitación demanda contra ProVida por pérdidas de fondos de pensiones

Un nuevo precedente se marcó en materia de pensiones la semana pasada, cuando la justicia admitió a tramitación una demanda interpuesta por un grupo de afiliados contra AFP ProVida. Aquello implica que el requerimiento cuenta con las formalidades para ser admitido a trámite en el 9° Juzgado Civil de Santiago.

Pero esta vez no se trata de requerimientos que solicitan la devolución de los ahorros previsionales, sino que es una demanda que exige que la administradora devuelva el dinero perdido a raíz de la caída de los multifondos producto del efecto económico del coronavirus.

Cuatro afiliados a ProVida -representados por el abogado José González- interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios de acuerdo a lo que establece el artículo 149 del Decreto Ley Nº 3.500.

Le exigen a la AFP pagar por los perjuicios patrimoniales que sufrieron, "la suma de $ 28.008.483, o la que US. se sirva determinar, según el mérito de autos, con más el reajuste del IPC hasta el pago y con más intereses corrientes y costas".

¿Qué es lo que señala el artículo 149 del DL 3.500? Este artículo indica que las administradoras estarán obligadas a indemnizar a los fondos que administran "por los perjuicios directos que ellas, cualquiera de sus directores, dependientes o personas que le presten servicios, les causaren, como consecuencia de la ejecución u omisión, según corresponda, de cualquiera de las actuaciones a que se refieren los artículos 147 y 150 a 154".

A su vez, el artículo 147 detalla que las AFP deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los fondos que administran.

El documento presentado por el abogado, además agrega que en el inciso primero del artículo 45 del DL 3.500, se indica que las inversiones que se efectúen con recursos de un fondo de pensiones tendrán como únicos objetivos la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. "Todo otro objetivo que se pretenda dar a tales inversiones se considerará contrario a los intereses de los afiliados y constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones de las administradoras", indica la normativa.

Bajo este antecedente, la defensa de los cuatro afiliados sostiene que las inversiones que viene realizando ProVida, particularmente desde diciembre de 2019 a la fecha, "no han sido dirigidas a la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Es más, la demandada ha sido negligente, actuando incluso de manera dolosa, debiendo responder hasta de la culpa leve".

De todas formas, los demandantes reconocen que el coronavirus "ha afectado fuertemente a las inversiones y con ello se ha afectado de forma notable la rentabilidad de todos los fondos de pensiones", pero insisten en que la AFP ha errado en su gestión.

"Ha actuado de forma negligente, displicente, temeraria y descuidada en la ejecución de su mandato de administración, exponiendo el patrimonio de nuestra jubilación futura de forma temeraria y poco cuidadosa, asumiendo riesgos que bajo el contexto actual no debería asumir faltando con su obligación que nace per se, desde el momento que comenzó nuestra vida laboral, originando con ello, perjuicios no menores, que nos provocan un daño que debe ser reparado", concluyen.

$ 12 millones en pérdidas

Según lo que detalla la defensa, las pérdidas de los afiliados suman $ 12 millones en total. Uno de ellos es Cristhian Zambrano, quien actualmente cuenta con un saldo de $ 45 millones. Dicho monto ha ido disminuyendo, pues su última cartola cuatrimestral reflejó que a diciembre de 2019 el saldo en su cuenta correspondía a la suma de $ 49 millones. Carlos Morales ha perdido cerca de $ 3 millones, hoy tiene en su fondo de capitalización individual un saldo de $ 14 millones y a fines del año pasado mantenía $ 17 millones.

Asimismo, el afiliado Luis Barros hoy registra ahorros por $ 13 millones, pero a diciembre de 2019 mantenía $15 millones. Por último, Sergio Sánchez ha sufrido pérdidas por $ 4 millones, cuando a fines del ejercicio anterior contaba con un saldo de $ 23 millones. Hoy registra ahorros por $19 millones.

A estas pérdidas, el abogado incorpora el término del lucro cesante, que es la utilidad que el acreedor habría obtenido con el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación. Con esto, realiza un cálculo según los años de vida laboral que le queda a cada demandante, sumando la rentabilidad que habrían obtenido, lo que da la suma de los $ 28 millones.