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Andrés Sanfuentes

Creciente desprestigio del Tribunal Constitucional

Andrés Sanfuentes Ingeniero comercial Universidad de Chile

Por: Andrés Sanfuentes | Publicado: Jueves 1 de febrero de 2018 a las 04:00 hrs.
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Las últimas semanas han tenido al Tribunal Constitucional (TC) en la noticia y no por actuaciones merecedoras de homenajes, ni tampoco para competir con la rosca de Carabineros con la Fiscalía. Dos son sus intervenciones destacadas: los escollos a la ley que beneficiaría a los consumidores, y “la verónica” que le hizo el Parlamento en la Reforma de la Educación Superior (RES).

Después de una larga discusión, se aprobó la ley que era un avance en la protección a los consumidores. Pese a las presiones de los grandes empresarios, significaba un progreso en relación a la ley 20.555 de 2011, que amplió los elementos de defensa respecto a los abusos de los proveedores. La nueva norma presentada al TC cumplía con superar algunas carencias que aparecieron en la legislación actual e intentaba equilibrar la relación entre compradores y vendedores, propia de los países desarrollados.

En una economía de mercado, para progresar se requiere que exista equilibrio en la relación entre sus actores productivos: empresarios, inversionistas, ahorrantes, trabajadores y consumidores; en la sociedad chilena, estos últimos dos segmentos son los más débiles. Además, cuando los mercados no son competitivos se necesita la intervención del Estado para buscar el equilibrio. Sin ello, el crecimiento y la paz social se debilitan, como ha ocurrido en el último decenio.

El Tribunal fue requerido para evaluar la constitucionalidad de la nueva ley, en especial las atribuciones del Sernac. En votación dividida su pronunciamiento fue sorprendente, ya que según las autoridades de gobierno, significa un retroceso respecto a la situación actual, de manera que mejor habría sido no enviar el proyecto. Los gremios empresariales abrieron champagne.

El otro episodio ocurrió con la RES, que después de incontables disputas, polémicas, contradicciones y cambios de opinión del gobierno, finalmente se consiguió un acuerdo con la oposición, que permitió la aprobación de la ley general de Educación Superior y la que otorga beneficios a las universidades estatales. Para este logro los parlamentarios gubernamentales debieron hacer concesiones a la oposición, de manera tal que ella se comprometiera a no acudir al TC, pese a que consideraba que habían algunos aspectos cuestionables. Gracias a la “cocina” habrá ley, que significa un primer paso en la modernización de la actividad, aunque quedaron sin solución muchos aspectos importantes y para el próximo gobierno no será sencillo implementarla.

Lo notable del acuerdo político entre gobierno y oposición, es que se logró al día siguiente de la muerte de Nicanor Parra, y ha sido interpretado como un merecido homenaje al autor del notable verso “la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”. Aunque esa creación se originó en un contexto diferente, bien vale en esta ocasión.

Los eventos descritos se suman a episodios anteriores en que el Tribunal ha ido tomando una importancia indebida en los poderes del Estado, ya que a los tradicionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial se empiezan a sumar otras instancias como el caso de la Contraloría y ahora el TC. Este órgano fue concebido para velar por la constitucionalidad de las leyes aprobadas pero, tanto los actores políticos, especialmente parlamentarios, así como diferentes sectores de la sociedad, lo requieren para pronunciamientos de la más diversa índole, los que el Tribunal acoge con interés (hay una amplia literatura sobre el poder político y la naturaleza humana que lucha para acceder a él).

Entre las propuestas de reforma a la Constitución, uno de los aspectos mencionados durante la campaña presidencial fue la reforma al TC. Más que la crítica a la forma de designación de sus integrantes, la observación más destacada era la limitación de sus facultades, que han superado con creces el espíritu original de su creación, entrando a asumir opiniones en materias propias del funcionamiento de las leyes y reglamentos dictados, incluso adjudicándose tareas que son propias de la Contraloría.

Por eso, es necesario que forme parte de las requeridas modernizaciones del Estado.

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