Los temas de fondo de la reforma tributaria

Andrés Sanfuentes

Los temas que han centrado la actualidad no son los preferidos por el gobierno. En efecto, a las reformas políticas, incluido el sistema binominal, se han agregado los cambios en las normas tributarias, asuntos que en el diseño estratégico no eran prioritarios, generando profundas discrepancias entre y al interior de los partidos de la Alianza.

La aparición de la reforma tributaria sorprendió al gobierno; creyó que la discusión se había resuelto con el financiamiento del terremoto. Sin embargo, ha ido aparejada con la evidencia de la profunda desigualdad existente en el país y aceptada por el presidente Piñera. El argumento que la inequidad se resuelve mejor a través del gasto fiscal, lo cual es correcto, se confronta con que los mayores desembolsos hay que financiarlos, lo que se puede hacer con tributos que ayuden a mejorar la distribución del ingreso o la empeoren.

El gobierno ha indicado que tiene los recursos para financiar los gastos adicionales ya aprobados y las próximas ayudas estudiantiles. Sin embargo, la situación fiscal no se ve holgada. El Ejecutivo ha seguido una práctica peligrosa, de financiar gastos permanentes con ingresos transitorios; pero el llamado “espacio presupuestario” para los próximos años se ha reducido fuertemente.

El gobierno basa su estrategia de mediano plazo en que financiará el gasto social adicional para reducir la inequidad gracias al crecimiento económico. Pero ese planteamiento era previo a las movilizaciones estudiantiles que cambiaron el escenario, especialmente después de la sorprendente alabanza que hizo Piñera en las Naciones Unidas, validando su aporte. Tampoco considera el hecho que los países, en la medida que incrementan sus ingresos, destinan una proporción creciente a bienes públicos.

Una reforma del sistema tributario se puede basar en factores adicionales a financiar un creciente gasto fiscal. Entre ellos la eficiencia económica cuando existen externalidades. Un ejemplo es la discusión sobre el impuesto a los combustibles, que reduce la contaminación y la congestión vehicular, por lo cual debería incrementarse, especialmente para el diesel, y no reducirse como propone la UDI.

La otra justificación de la reforma está en la equidad. El actual sistema, después de la última reforma importante en 1991, ha tenido numerosos cambios, que lo han hecho más complejo y poco justo. Comparaciones entre la distribución del ingreso antes y después de impuestos indican que empeora, lo cual es inaceptable.

La falta de equidad vertical señala que no es progresivo, y corre paralela a la inequidad horizontal, donde hay una profunda discriminación en el tratamiento a las rentas empresariales (pueden postergar el tributo) y a los asalariados (de pago inmediato). La normativa permite una odiosa elusión tributaria que se refleja en que una minoría paga el impuesto progresivo a la renta, especialmente ingresos del trabajo dependiente, mientras los sectores de altos ingresos diluyen sus compromisos en una maraña de sociedades. Se calcula que el 50% de las utilidades están retenidas en este tipo de firmas.

Ello se refleja en que el “gasto tributario”, estimado por la Dirección de Presupuestos para 2011, llegó al 4,27% del PIB, en el cual los “diferimientos” de impuestos suman el 2,61% del PIB.

Una reforma tributaria que busque una mayor equidad y eficiencia económica debe partir por evaluar al actual sistema de integración de impuestos que tiene Chile, inédito entre países similares, ya que en el país su funcionamiento práctico no ha dado los frutos esperados.

Además, sería necesario introducir reformas de fondo en varias materias, como el régimen de franquicias y exenciones; las ganancias de capital; las sociedades de inversión; las liberaciones del IVA; los tributos a las inversiones extranjeras y en el exterior; y la situación de las regalías (“royalty”). Además, avanzar en el control de la evasión, que ha subido recientemente.

Pero eso no ocurrirá durante este gobierno, tiene otras metas.