La reforma final

Alvaro Moraga, académico de la UAI y socio de Moraga & Cía.

Se fue el 2018 y no hay nadie que no reconozca que fue un año extraño y sobre todo difícil. Unos dicen que los tiempos mejores sólo se quedaron en el slogan y que es más de lo mismo, mientras otros dicen que la responsabilidad de ordenar una casa sobredotada y sobreendeudada era prioritario. En este contexto, la Dipres reportó hace unas semanas que el déficit fiscal a noviembre alcanzaba un 0,7% del PIB. Si consideramos que el gobierno de la presidenta Bachelet incrementó anual y sostenidamente este déficit (2014 1,6%, 2015 2,1%, 2016 2,7% y 2017 2,8%) podemos ver con algo de tranquilidad que las medidas para bajar la altísima fiebre con la que se recibió el gobierno hace tan sólo 9 meses, han dado resultado.

Con la casa mas ordenada, este 2019 debe ser entonces el año donde el gobierno deberá acelerar la discusión y trabajar inteligentemente en pos de la aprobación de los proyectos que fueron eje de su campaña presidencial que lo llevo a La Moneda: reforma tributaria, reforma laboral y reforma al sistema de pensiones. Desconozco si como parte de una estrategia política prediseñada o como consecuencia casual derivada de la atención a los temas coyunturales del segundo semestre, el gobierno anunció en agosto, en cadena nacional, la modernización tributaria sin imprimirle la velocidad legislativa que todos habríamos esperado. En ello también puede haber ayudado la sorprendente reacción de la oposición: los mismos que el 2014 aceptaron ser un buzón en la Cámara de Diputados y aplaudieron de pie "el coraje de la presidenta Bachelet para proponer una reforma tributaria sustancial" (que leyeron pero no entendieron), ahora sin siquiera tener el texto del proyecto de ley en sus manos anunciaban su total rechazo.

Es lamentable que no exista la mínima memoria para reconocer que el haber tenido la peor tasa de crecimiento de los últimos 30 años se debe, fundamentalmente, a la desaceleración que generó de manera instantánea la sola presentación de la reforma Bachelet-Arenas. Era la época (primeros 100 días de gobierno) en que la ministra Blanco hablaba en Icare diciendo que "tenemos las mayorías y las vamos a usar"; el ministro Elizalde señalaba que "los beneficios de la reforma tributaria van a empezar a sentirse este mismo año"; y el ministro Arenas señalaba "hemos dado un gran paso en la construcción de un nuevo Chile" y que "habrá no menos de US$ 8.200 millones en régimen y en eso no hay ninguna duda". Y los efectos se sintieron: la peor tasa de crecimiento, el incremento del empleo precario y el aumento sin precedentes de la deuda publica. Y como corolario, en julio pasado, en su informe anual, el SII reconocía que el resultado financiero neto de la Operación Renta 2018 fue negativo por US$1.072 millones.

El paso de los meses ha permitido conocer el proyecto y entender sus implicancias. Que el PPD y la DC hayan presentado propuestas para incluir en el proyecto es una gran señal, ya que muestran la disposición al diálogo y el reconocimiento por los expertos de cada tienda de la necesidad de una corrección de nuestro sistema tributario. En esto resultó clave la exposición que el director del SII -nombrado por la presidenta Bachelet y ratificado por el presidente Piñera- hiciera en la Cámara de Diputados hace tan solo unas semanas, y en la cual defendió la reintegración y los cálculos del gobierno, en especial aquellos que se tienen a propósito de la recaudación que se obtendría a través de la boleta electrónica. Lo mismo hizo con las normas que encuadran el actuar del SII a su función administrativa y fiscalizadora (y no a una colegisladora) y con la incorporación a nuestro sistema de la Defensoría del Contribuyente.

Hay un germen de consenso de la necesidad de legislar. Más aun si respecto del corazón de la reforma -la integración- el informe de los expertos de la DC señala expresamente que "la reforma tributaria podría incluir la integración plena en base a retiros sólo si: (i) compensa plenamente la menor recaudación; y (ii) incluye otros cambios que garanticen mantener la progresividad actual del sistema tributario." Y como gestos atraen gestos, el ministro de Hacienda señaló al día siguiente que no se resta a discutir el alza de la tasa marginal final del Impuesto Global Complementario del 35% al 40%.

Y este germen se plasmó en la reciente minuta de acuerdo gobierno-oposición para aprobar la idea de legislar. Sin embargo, la miopía política, el análisis de trinchera y el cálculo de corto plazo siguen rondando en los pasillos del Congreso. En marzo comenzará el debate legislativo de fondo. Esperemos que nuestros legisladores aprendan de la historia reciente, por sobre todo escuchen a menos académicos y a más emprendedores que se afectan con los impuestos, y prioricen el diálogo en pos de un gran acuerdo en la materia, donde cada bloque deberá ceder. Tal como señala el informe de la DC: "Se debe ser especialmente cuidadoso para evaluar los efectos de los cambios de 2014, para identificar aquello que amerite rectificarse y así encontrar esta vez un acuerdo que resulte más estable en el tiempo. Esto es de especial importancia, considerando que no es positivo para la actividad económica el estar generando incertidumbre tributaria de manera tan frecuente".