La visita de dos mujeres venezolanas

Hernán Salinas

La reciente visita a Chile de Lilian Tintori y Mitzi Capriles, esposas de los líderes venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, respectivamente, encarcelados arbitrariamente por el gobierno de Nicolás Maduro ha conmovido al país. El testimonio de estas dos valientes mujeres, símbolo de la lucha por la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela ha puesto de relieve la necesidad de una acción más eficaz de la comunidad interamericana y del gobierno de Chile, en particular, en orden a restituir la institucionalidad democrática en dicho país.

Al respecto, merece destacarse el Acuerdo transversal del Senado chileno (salvo el voto en contra y la abstención de cuatro senadores de la Nueva Mayoría) y los acuerdos del Congreso colombiano y el Parlamento español exigiendo la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela en contraposición con la ignorancia del tema en la última Cumbre de las Américas bajo el marco de la OEA y la parálisis de Unasur y su fracasada misión.

También contrasta la reciente declaración de la presidenta de Brasil y el gesto de la unanimidad de los ex Presidentes de Chile de recibir con publicidad a las señoras López y Ledesma, con la actitud del gobierno de Chile de no recibir oficialmente a dichas personas y a limitarse a gestiones privadas destinadas a la liberación de algunos presos políticos venezolanos, permaneciendo aferrada a la acción evidentemente fracasada de la misión de Unasur en el tema.

La Carta de la OEA y, en particular, la Carta Democrática Interamericana, otorgan a los Estados miembros y al secretario general de dicha Organización facultades en orden a activar a sus órganos políticos a fin de adoptar acciones eficaces con el objeto de salvaguardar la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la vigencia del estado de derecho en Venezuela.

Por otra parte, el Tratado de Unasur y, en particular, su Protocolo Adicional sobre Compromiso con la Democracia, también contempla facultades que permiten a los Estados miembros de dicha Organización activar acciones y mecanismos en un sentido similar a la Carta Democrática de la OEA.

A pesar de lo expuesto, los Estados miembros de la OEA, el secretario general y sus órganos políticos han optado por ignorar el tema demostrando una absoluta ausencia de voluntad política de ejercer las facultades y la responsabilidad que la propia institucionalidad del sistema interamericano les otorga y obliga si se considera los objetivos y fines que dicha Organización persigue.

Una misma situación de falta de voluntad política ocurre en relación a Unasur, donde en vez de recurrirse a los mecanismos que su institucionalidad le otorga para abordar una situación como la que ocurre en Venezuela, se ha creado funcional al gobierno de Maduro una fracasada comisión de cancilleres para acompañar el diálogo político entre gobierno y oposición, del cual es integrante el ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

A su vez, como el Acuerdo del Senado trasluce, que la opinión pública transversalmente en Chile exige del gobierno de Chile una actitud y acción en el tema de Venezuela acorde con un principio fundamental de nuestra política de Estado en materia de relaciones internacionales como es la promoción y defensa irrestricta de la democracia y el respeto de los derechos humanos. La libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho en Venezuela así lo exige.