¿Obligación de vacunarse para poder trabajar?

María Fernanda Espinosa

En los últimos días han hecho noticia las medidas que se están tomando en países como Francia o Estados Unidos para promover la vacunación de grupos rezagados o reticentes a vacunarse. En este escenario, vuelve a surgir la pregunta sobre si es posible que los empleadores exijan a sus trabajadores estar vacunados para poder prestar sus servicios. El tema es controvertido y la respuesta está lejos de ser pacífica.

Recientemente en EEUU, la Equal Employment Opportunity Commission, agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes federales en materia de igualdad de oportunidades en el empleo, señaló que la obligatoriedad de la vacunación por parte de los empleadores estaría permitida. Ello siempre y cuando se realicen ajustes razonables respecto de los trabajadores con discapacidades o aquellos que se oponen por verdaderos motivos religiosos, salvo que dichos ajustes supongan una carga excesiva para el funcionamiento de la empresa.

En Chile, si bien la discusión recién comienza, ya se han escuchado voces que niegan tajantemente la posibilidad que los empleadores exijan a sus trabajadores la vacuna. Los argumentos serían, por una parte, que acá se habría optado por un programa de vacunación voluntario, pese a que el Presidente de la República cuenta con la facultad para declarar obligatoria la vacuna, según lo dispone el artículo 32 del Código Sanitario. Por otra parte, la Dirección del Trabajo ya ha señalado que “el empleador no podría impedir el ingreso de los dependientes a su lugar de trabajo invocando la falta de vacunación, sin incurrir en un incumplimiento de su obligación de proporcionar el trabajo convenido”.

A ello se suma otro argumento -el más relevante de todos- que apunta a que esta exigencia implicaría una vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Si bien es cierto que exigir la vacuna podría configurar una vulneración a derechos fundamentales de los trabajadores -tales como a la integridad física y psíquica, a la libertad de conciencia, entre otros-, debe también considerarse en dicho análisis la obligación general que tiene el empleador de resguardar la vida y salud de sus trabajadores, así como también su facultad de dirección. Ante esta evidente colisión de derechos, será necesario que la medida logre pasar un “examen de proporcionalidad”, en relación con los derechos de los trabajadores que serán limitados. Este test de proporcionalidad nos permitirá mover la balanza hacia uno u otro lado, para lo cual se requiere considerar el contexto propio de cada realidad, que se manifiesta en el tipo de servicio que presta la empresa, las labores que realizan los trabajadores, así como la imposibilidad que las labores puedan realizarse por otros medios, por mencionar algunos.

Aunque la exigencia de vacunación por parte del empleador parece ser en principio una medida controvertida, no debemos negar de plano esa facultad. Vale la pena hacer el ejercicio y analizar con mayor profundidad cada caso, ya que medidas como esta pueden contribuir a aumentar los índices de vacunados y crear lugares de trabajo más seguros, para así poder ir retornando gradualmente a la normalidad.