Reforma a isapres: soluciones acotadas a problemas urgentes

Alejandra Palma Riedel

El sistema privado de seguros de salud resuelve razonablemente las necesidades de cerca del 20% de la población. Sin embargo, las isapres se han visto afectadas por procesos de judicialización, debido al vacío legal existente y al descontento ciudadano por problemas concretos como los precios diferenciados según sexo y edad, la cautividad que genera el sistema para personas con preexistencias y enfermedades crónicas, y la falta de transparencia en planes y reajustes de precios que son considerados excesivos.

Para resolver estos problemas, algunos pretenden unir a los sistemas público y privado en un seguro único nacional de salud. Otros proponen crear un fondo de compensación de riesgo que incluya a usuarios de Fonasa y de isapres. Estas propuestas suponen equivocadamente que los problemas del sector público se deben a una falta de recursos y que se solucionarían agrupando las fuentes de financiamiento. Pero hoy los recursos per cápita para atenciones médicas en ambos sistemas son similares. Más aun, durante dos décadas ha habido un aumento sistemático de recursos del sistema público sin que ello se haya traducido en mejoras. Sin modernizar la gestión en el sector público, es imposible que éste, incluso con los mismos recursos per cápita que el sector privado, otorgue similares beneficios en tiempos de espera, calidad y oportunidad de la atención.

Lo que se requiere es una reforma acotada a la regulación de las isapres, que incluya tarifas aplanadas y un fondo de compensación de riesgos inter-isapres.

Cada isapre fijaría sus propias primas, pero éstas serían iguales entre hombres y mujeres, y serían más parejas entre rangos etarios que en las antiguas tablas de factores. Dado que las diferencias en costos de salud entre estos rangos pueden llegar a ser del orden de cinco o seis veces, lo aconsejable es disminuir —no eliminar— las diferencias por edad en las primas, y complementarlo con una cuenta de ahorro individual de salud que permita reservar recursos cuando los cotizantes son jóvenes y tienen mayor poder adquisitivo, para así aliviar los mayores costos de los planes durante la vejez.

Para abordar el problema de la cautividad, el mecanismo de compensación de riesgos incluiría variables de estado de salud de la persona. Esto podría complementarse con un “seguro de estatus de salud”, que permita que cuando se deteriore la salud del afiliado, el seguro compense el mayor costo que tendría para éste contratar una póliza a un mayor precio que sea atractivo para cualquier aseguradora.

El problema de transparencia y alzas de precios puede abordarse a través de un plan básico obligatorio acotado, fácil de comparar y que incentive la contención de costos y, por ende, el alza de precios.

Agrupar el sistema público y el privado en un sistema único es inviable, ineficaz e innecesario; sólo se traduciría en un empeoramiento sustantivo de las prestaciones a que pueden acceder los afiliados al sistema isapre, sin que ello redunde en mejores prestaciones para los asegurados del sistema público. Un cambio estructural de la institucionalidad existente en el sector salud requeriría un tiempo largo de estudio e implementación, que estaría plagado de dificultades políticas y técnicas.

No es conveniente seguir postergando la reforma a la regulación sobre isapres para pretender solucionar con ella los problemas de muy distinta índole y de gran envergadura que sufre el sector público de salud.