Una reforma pro contribuyente

Francisco Selamé

Con el fin de asegurar su propio financiamiento y el de sus propósitos, el poder político suele desviar la atención de los derechos del contribuyente cuando se trata de la recaudación de impuestos. Por eso las bases generales del proyecto de modernización del sistema tributario que el gobierno pretende llevar adelante, y que acaba de dar a conocer esta semana, son tan notables y representan un cambio de paradigma de todas las reformas impositivas anteriores.

El nuevo proyecto coloca en el centro de atención la figura del contribuyente, el ciudadano que antaño se ponía corbata para pagar sus impuestos y que hoy declara por medios digitales, y que en la terminología de una de las más destacadas cartas fundamentales francesas, tenía el honor de contribuir al financiamiento del gasto público.

Frente a algunas disposiciones legales que tendieron a robustecer —y otorgar, en algunos casos, atribuciones exorbitantes— la fiscalización y persecución del pago de los impuestos, así como la aplicación de sanciones, la actual reforma crea una instancia de defensa del contribuyente. Esta es una figura inédita en nuestro sistema tributario que no puede tener otra finalidad que dar garantías de un debido proceso judicial y administrativo a todos los contribuyentes, incluidos aquellos que no tienen acceso a una asesoría y defensa judicial efectiva.

Haciéndose cargo de un sistema de tributación que hace tiempo renunció a medir la capacidad contributiva real de los contribuyentes, en aras de una no bien entendida homogeneidad y simpleza recaudatoria, también de manera inédita el nuevo proyecto establece una tasa de impuestos de primera categoría diferenciada de acuerdo al tamaño de las empresas.

El Estado, hasta ahora “socio” de las pymes solamente al momento de la generación de rentas, con la reforma aporta y reconoce el esfuerzo de miles de contribuyentes, permitiendo importantes deducciones a la base imponible y otros beneficios que favorezcan el crecimiento y desarrollo de este importante motor de la economía.

Por otra parte, y basado en el principio de la igual repartición de los tributos, el proyecto del Ejecutivo se hace cargo de una serie de inequidades resultantes de la integración tributaria parcial, de la ausencia de normas que gravan las rentas resultantes de la economía digital y de una mal diseñada tributación a las empresas contaminantes, entre otras.

Por primera vez en nuestra historia legislativa —y esto sin duda debemos celebrarlo— los principios y garantías constitucionales de los contribuyentes ciudadanos no son mirados como meras limitaciones o trabas al poder tributario del Estado, sino más bien como principios inspiradores de las nuevas normas tributarias que se proyectan impulsar.