Conaf: una muerte anunciada

acia el final del verano de 2017, cuando el fuego arrasó 597 mil hectáreas, quedó en evidencia la urgencia de reformar la Conaf, una corporación privada, que se rige por un estatuto propio y por el Código Civil, pero que ejerce funciones públicas. Un híbrido que en varios aspectos -fiscalización, trabajadores, recursos- mantiene a la entidad en un limbo, por ejemplo, a la hora de fiscalizar terrenos particulares.

Hace más de una década, el Tribunal Constitucional exhortó a la expresidenta Michelle Bachelet a regularizar la situación del organismo, obviamente, sin éxito. No fue hasta su segundo período, en abril de 2017, que ingresó el proyecto de ley que transforma a la Conaf en servicio público.

Han pasado 21 meses y el proyecto sigue en el Congreso. Está en su segundo trámite en la Comisión unida de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales y con urgencia simple sucesiva desde noviembre de 2018. Se han presentado 318 indicaciones, y entre otras cosas se ha advertido que hay una superposición de funciones con otros servicios, dudas con su objetivo y tampoco está claro su rol fiscalizador. Un tema clave en el debate es, además, el estatus que tendrán los futuros trabajadores.

El lento avance en la modernización de la Conaf vuelve a hacerse patente. De julio a la fecha se han registrado 3.875 incendios con 31.653 hectáreas quemadas, de las cuales un 43% corresponde a la Región de La Araucanía. En lo que va de febrero se han consumido 12 mil hectáreas en esta zona. El gobierno dispone de $ 53 mil millones para combatir los incendios que afectan al sur del país, los que está destinando, principalmente, al arriendo de 53 aeronaves y 2.800 brigadistas. A ellos se suman las brigadas del Ejército y los recursos de las forestales. Son medidas en extremo necesarias para controlar el fuego, como también lo es una modernizada y eficiente institucionalidad.