Discutible condonación tributaria

a condonación de intereses y multas por deudas tributarias anunciada por el ministro de Hacienda en la víspera de las Fiestas Patrias de seguro fue bien recibida por los más de 700 mil contribuyentes que se verán beneficiados, a los que habría que sumar casi un millón de deudores con al menos una cuota morosa en el impuesto territorial (contribuciones). A quienes paguen al contado el saldo adeudado esta medida les permitirá rebajar hasta en un 85% los intereses y multas.

Es innegable que una decisión de este tipo beneficia tanto a los deudores tributarios como al Fisco. Los primeros, entre los que se encuentran casi 400 mil microempresarios, sentirán un alivio que se traducirá en una mayor liquidez para continuar desarrollando su actividades, así como la posibilidad de participar como proveedores del Estado; y en el caso de las personas naturales beneficiadas -más de 200 mil-, ello les otorgará liquidez para dinamizar sus decisiones de consumo. En lo que respecta al Estado, el principal beneficio es que logrará aumentar la recaudación tributaria por concepto de impuestos atrasados, cuya deuda no le genera ningún ingreso real.

Pero no todo es ganancia. Lo que no se debe omitir en el análisis es la señal que se está entregando a esa gran mayoría de contribuyentes que sí cumplió con sus obligaciones a tiempo, precisamente para evitar el costo adicional asociado a las multas e intereses. Definitivamente, este tipo de condonaciones desincentiva el pago oportuno de las obligaciones tributarias, habiendo muchos que, para evitar el sacrificio que significa estar al día con ellas, evaluarán si no será preferible postergar el pago a la espera de un “perdonazo”.

Otorgar mayores plazos y facilidades es algo entendible en circunstancias especiales, pero se debe tener mucho cuidado en no fomentar conductas inadecuadas. A lo menos, quienes sí pagaron oportunamente sus impuestos deberían recibir algún tipo de bonificación en sus pagos futuros, en reconocimiento a su responsabilidad de cumplir lo que está establecido en la ley.