El reajuste público en su perspectiva

os artículos sobre el reajuste salarial que piden los trabajadores del sector públicos han estado entre los más leídos de Diario Financiero en los últimos días. No es casual, ya que el petitorio inicial de la Mesa del Sector Público (MSP) —que además de un 8% de aumento en las remuneraciones incluye una serie de otros beneficios— podría eventualmente significar, según algunos cálculos, un costo de hasta US$ 3.500 millones.

Para verlo en perspectiva, vale señalar que la administración central gasta en torno a 16.000 millones de dólares anuales en sueldos de funcionarios (que a nivel nacional ya se acercan al millón de personas). Por otra parte, el reajuste del año pasado ya implicó US$ 1.600 millones de costo fiscal, y según la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE de 2017, el ingreso promedio en la administración pública ($837 mil) es un 51% mayor que a nivel nacional. “En la última década, el gasto del gobierno central ha crecido un 5,9% real promedio, mientras que el gasto en personal lo ha hecho a un 7% real. ¿Qué puede justificar esta diferencia?”, planteaba ayer una columnista en esta página.

En efecto, un petitorio como el descrito sólo se entiende como una estrategia para negociar con un margen amplio. Pero aun así, la presión siempre creciente por mejoras salariales en el sector público que no tienen relación alguna con métricas de productividad o desempeño —con grados de captura del Estado por parte de sus propios funcionarios— se ha vuelto un factor que complica las cuentas fiscales y, además, politiza y tensiona la discusión del presupuesto nacional.

Los últimos años han sido aleccionadores sobre el peligro de un gasto fiscal que crece más allá de lo que justifican los resultados y que compromete cuantiosos recursos a largo plazo y sin garantía de poder sufragarlos. El reajuste salarial del sector público debe atenerse a criterios de racionalidad y eficiencia.