Nefastos efectos de nuevo paro aduanero

Tal vez por lo recurrentes que a estas alturas resultan los paros ilegales de servicios públicos, la movilización que desde hace 10 días han estado desarrollando los funcionarios de Aduanas ha tenido menos repercusiones mediáticas de las que amerita, a la luz de las negativas consecuencias económicas y de imagen país involucradas.

Más allá de los argumentos que podría reivindicar la Asociación de Funcionarios de Aduanas en la hasta ayer suspendida mesa de negociaciones con el Ministerio de Hacienda, este conflicto viene a poner nuevamente sobre el tapete el uso y abuso del expediente de la extorsión social a la que echan mano los monopólicos funcionarios de servicios críticos del Estado, quienes no dudan en dañar a terceros en la persecución de sus intereses.

La captura en calidad de rehén del sector privado, que con sus impuestos es quien en definitiva financia la operación y remuneraciones de quienes le producen perjuicios económicos, no deja de ser una paradoja, ya que los mismos funcionarios que nominalmente se identifican como “servicio público” en el fondo abusan de quienes dicen servir.

Quienes tienen en sus manos las riendas del Estado (y que representan en dichas posiciones de poder ejecutivo a todos los chilenos, más allá de quienes efectivamente los votaron) no pueden sino hacer valer las leyes y abordar con energía movilizaciones ilegales, que no sólo producen graves consecuencias económicas, sino que de paso envían al resto de los chilenos el delicado mensaje de que las infracciones flagrantes a la legalidad pueden quedar sistemáticamente impunes y sin consecuencias para los infractores.