Señora Directora:
En noviembre de 2018 entró en vigencia la nueva Ley de Convivencia, un avance importante en materia de seguridad vial, ya que reconoce y protege a los nuevos usuarios, quienes a comienzos de esta década no se visibilizaban.
Sin embargo, a seis meses de su entrada en vigencia, la implementación no ha estado exenta de dificultades. A la nula existencia de un reglamento que permita hacer cumplir la normativa, se suma la complejidad que tiene fiscalizarla. Un ejemplo: la norma que obliga a automovilistas a distanciarse a 1,5 metros del ciclista en la calle, que en la práctica resulta imposible de medir.
A eso se suma la inadecuada infraestructura vial, que no permite garantizar la seguridad de las personas. Tampoco se cuenta con una red extensa de ciclovías eficientes e interconectadas.
Si bien la regulación es absolutamente necesaria, ella por sí sola no es suficiente para disminuir la tensión generada entre los usuarios y lograr cambios culturales.
Por eso, urge contar con una política pública complementaria y transversal que promueva instancias para educar a toda la ciudadanía en aquellos elementos relacionados con la convivencia vial y no concentrarse sólo en los automovilistas.
Cristian Escobedo
Investigador de No Chat