Arriendo, ¿la política de vivienda olvidada?

Marcela Ruiz-Tagle O.

El Banco Central ajustó su proyección de inflación para este año extendiendo su periodo de convergencia hacia fines de 2025, argumentando que enfrentamos presiones de precios que estiman transitorias, como la depreciación cambiaria y alzas de precios de algunos servicios que no se espera se reviertan en el corto plazo. Este último sería el caso de los precios de arriendo, los cuales advierten continuarán monitoreando.

Resulta notable que sea la preocupación del instituto emisor por la inflación lo que ponga sobre la mesa, implícitamente, el problema de acceso a la vivienda por parte de quienes arriendan y que esta aun no sea enfrentada por parte del Ministerio de la Vivienda, el cual continúa aplicando sin mayores cambios un programa de apoyo de muy baja cobertura.

“Es urgente una política de arriendo que complemente la de vivienda tradicional, que dé certezas de largo plazo y que abarque a sectores emergentes y de ingresos medios”.

La demanda por arriendo ha aumentado continuamente en los últimos años y de manera transversal en todos los niveles socioeconómicos y estratos etarios, lo que evidencia lo profundo del fenómeno. En el Gran Santiago esta es la alternativa a la que accede el 35% de las familias. Diversas razones ayudan a explicar lo anterior: cambios en la estructura de los hogares junto a una disminución de su tamaño; menores oportunidades de participación en el mercado laboral formal y un deterioro en el ingreso de las familias; así como las distintas preferencias de las nuevas generaciones respecto al momento del ciclo de vida de adquirir o no una vivienda. A ellas se suman elementos transitorios, como los flujos migratorios y mayores exigencias para acceder a financiamiento hipotecario.

Si lo anteriormente descrito hubiera ocurrido sin mayores cambios en los precios relativos, no habría de que preocuparse. Sin embargo, se sabe que la proporción de hogares que destina más del 30% de sus ingresos al pago de arriendo (reconocido estándar internacional para medir la asequibilidad a la vivienda) se ha duplicado en la última década, alcanzando el 40% en la capital.

Así, desde el punto de vista de la demanda pareciera que no existe espacio para mayores alzas, al menos en el corto plazo. Sin embargo, ello requiere del desarrollo de oferta la cual enfrenta diversas restricciones normativas, lo que junto al propio tiempo de producción que ella requiere redunda en potenciar un mercado estrecho y tensionado. Si esta situación no se aborda, es posible que presenciemos una precarización de la vivienda en arriendo.

Resulta urgente contar con una política de arriendo que complemente la de vivienda tradicional, que dé certezas a las familias en un horizonte de largo plazo y que abarque tanto a los sectores emergentes como de ingresos medios. Que considere instrumentos de monitoreo que permitan visualizar las zonas tensionadas y que se vincule con la planificación comunal y metropolitana, permitiendo agilizar e incentivar la generación de una oferta de vivienda diversa, estableciendo zonas prioritarias de regeneración urbana y densidades mínimas para asegurar el desarrollo y la calidad de vida en la ciudad.

¿Será necesario que el Ministerio de Hacienda apoye al ministerio sectorial para que este tema sea finalmente abordado?