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Alto contrasteFin a las multas del TAG: una vía a la erosión de la legalidad
CATALINA BINDER Vicepresidenta del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
Catalina Binder
En los últimos meses, ha resurgido con fuerza una propuesta legislativa para eliminar la sanción del artículo 114 de la Ley de Tránsito, que castiga a quienes circulen por autopistas concesionadas sin pagar el peaje electrónico (TAG). Aunque el argumento de fondo se presenta bajo la atractiva envoltura de “aliviar la carga” de los ciudadanos, lo que esconde esta medida es una peligrosa combinación de populismo legislativo, debilitamiento del principio de cumplimiento de las obligaciones y una injusticia flagrante hacia los usuarios que sí cumplen.
La justicia no consiste simplemente en aliviar al que no quiere o no puede cumplir; consiste ante todo en proteger la equidad entre quienes comparten derechos y deberes en una comunidad. Bajo el sistema de concesiones, todos quienes transitan por una autopista reciben beneficios: infraestructura moderna y segura, construida y mantenida bajo estándares que serían impensables sin el financiamiento privado. A cambio, todos asumen la carga justa de contribuir a ese financiamiento pagando el peaje.
“Lo que esconde esta medida es una peligrosa combinación de populismo legislativo, debilitamiento del principio de cumplimiento de las obligaciones y una injusticia flagrante hacia los usuarios que sí cumplen”.
Eliminar la sanción a quien no paga significa, directamente, permitir que quien usa la vía no pague su parte, trasladando el costo a quienes sí cumplen. Este fenómeno, conocido en economía como “discriminación inversa”, no solo es éticamente inaceptable, sino socialmente corrosivo. Los ciudadanos que han invertido tiempo y recursos en cumplir se convierten en “tontos útiles” de un sistema que les exige más que a los incumplidores.
Pero más allá de la injusticia evidente, la propuesta erosiona un principio jurídico fundamental: el deber de cumplimiento de las obligaciones. La estabilidad de cualquier sistema jurídico, económico y social se basa en la premisa de que los compromisos asumidos -ya sea pagar un peaje, cumplir un contrato o respetar una norma- deben cumplirse. No es casualidad que el Código Civil chileno, en su artículo 1545, consagre este principio. La eliminación unilateral de las consecuencias del incumplimiento -especialmente cuando es masivo y deliberado- debilita la fuerza normativa de las obligaciones y envía un mensaje tóxico: incumplir no solo es gratuito, sino que es premiado.
Este tipo de medidas también abre la puerta a un riesgo aún mayor: la normalización del populismo legislativo. Iniciativas como esta buscan más la rentabilidad electoral que la coherencia jurídica o la sostenibilidad económica. Al apelar a un malestar social legítimo -como la percepción de acumulación excesiva de multas- se proponen soluciones que sacrifican principios básicos por réditos inmediatos. La experiencia comparada es clara: políticas públicas que premian el incumplimiento generan incentivos perversos y deterioran la cultura de la legalidad.
Chile no puede darse el lujo de desandar el camino que ha construido con esfuerzo en materia de infraestructura y cumplimiento normativo. Si bien es razonable revisar la proporcionalidad de las multas, ello debe hacerse sin debilitar el principio rector de cualquier sociedad moderna: las reglas están para cumplirse, y el que las infringe debe responder.
Socavar este principio, bajo la seducción fácil del populismo, es un riesgo que pagaremos todos. Especialmente los que hoy cumplen.
