Certidumbre y Desarrollo

Susana Jiménez Schuster

Enfrentamos el plebiscito de este domingo con un deprimido panorama económico. Se espera que este año cierre con una variación del PIB nula o negativa y, hacia el próximo año, podría no superar el 2%. La inversión caerá este año y el próximo, y la tasa de desempleo probablemente se mantenga en la cercanía de 9%. Este escenario no sorprende; llevamos 4 años discutiendo el marco constitucional que nos regirá, lo que se ha sumado a innumerables iniciativas legislativas en materia laboral, tributaria y pensiones que dificultan el desarrollo de la actividad productiva.

El gobierno ha tomado conciencia del problema social que está generando el letargo económico, viéndose empujado a mutar desde el proyecto inicial de reforma tributaria (rechazado en la Cámara de Diputados) hacia un “pacto fiscal”, recientemente rebautizado como “Pacto por el crecimiento económico, progreso social y responsabilidad fiscal”. Además anunció un “gabinete del crecimiento económico”, aunque sin cambios ministeriales. El objetivo sería proponer medidas procrecimiento, mayor eficiencia del Estado y modificaciones tributarias.

Suena bien, pero no convence...

El gobierno insiste en elevar la recaudación por la vía de una mayor carga tributaria, postergó la reforma de pensiones a la espera del resultado constitucional para insistir con medidas refundacionales, mantiene aspiraciones reformistas en materia de salud, medioambiente y trabajo, no aborda con la urgencia debida la crisis de seguridad que vive el país, no resuelve los casos de corrupción y aún no ingresan las medidas para destrabar proyectos de inversión. Así parece que es difícil que las cosas cambien.

¿Qué tiene esto que ver con la propuesta constitucional? Mucho. No podemos seguir esquivando el cierre definitivo de la discusión constitucional y menos aún desaprovechar la oportunidad para legitimar principios básicos que la propuesta de nueva constitución recoge de buena manera para garantizar el desarrollo y el progreso económico. En efecto, esta propuesta mantiene artículos positivos de la Constitución actual y refuerza otros puntos.

Entre los principales elementos a destacar está la consolidación de la autonomía del Banco Central puesto que la propuesta eleva a rango constitucional aspectos que actualmente están regulados por una Ley Orgánica Constitucional. Es así como, cualquier modificación con la Constitución vigente podría realizarse con la simple mayoría de los parlamentarios en ejercicio, mientras el quórum necesario para llevar a cabo reformas en esta materia es del 3/5 con el texto a plebiscitar.

Por otra parte, la propuesta constitucional contiene las garantías del denominado orden público económico, que se consagran en términos similares a la Constitución vigente. Por la robustez de esos principios y el amplio desarrollo jurisprudencial y doctrinal en la materia, el Consejo no quiso -muy sabiamente- innovar sobre el particular. Esto fortalece el derecho de propiedad, incluidos la propiedad minera y los derechos de aprovechamiento de agua, así como la propiedad industrial e intelectual. Otros aspectos que quedan bien establecidos son el derecho a desarrollar cualquiera actividad lícita, la aprobación por ley de quórum calificado para que el Estado incursione en actividades empresariales y la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas, entre otros.

Si no queremos seguir al vaivén de los gobiernos de turno y sus ideas radicales, bien haríamos en ratificar estos principios habilitadores para el progreso social y económico del país votando A Favor de la propuesta constitucional.