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Alto contrasteCónclave: Portazo a la colaboración público-privada
Fernando Barros Abogado, Consejero de SOFOFA
Fernando Barros
La historia nos enseña que un "cónclave" sólo puede concluir de forma exitosa, ya que las personas llamadas a deliberar estarían iluminadas por el Espíritu Santo, y tras ser encerrados "con clave" para elegir al sucesor del Pontífice fallecido, las puertas se abrirán con la buena nueva de "habemus Papa" y los fieles podrán tener la tranquilidad de que cuentan con un nuevo liderazgo.
Nuestro criollo cónclave estuvo precedido por la defunción, comprobada por la comunidad nacional, de un estilo de gobierno que si bien se presentaba como moderno, no era más que la recreación de obsoletas recetas que se pretendían imponer por la fuerza de mayorías ocasionales que les habrían mandatado en un sacro "programa" que debía establecerse a punta de maquinaria pesada.
Los efectos de un estilo de política de otras épocas se dejaron sentir y la inversión cayó en picada, la creación de empleo debió ser asumida con cargo a la burocracia fiscal, la economía comenzó a resentirse. La reacción inicial fue que la consecución del "programa" era de importancia superior al crecimiento económico y que no importaba postergar el desarrollo si ello permitía lo que, se nos dice, sería la aspiración nacional: que los iluminados pudieran quitarle los patines a los destacados y nivelar la cancha a su manera.
Las reacciones no se dejaron esperar y las irresponsables arengas de que la reforma tributaria no afectaría a la clase media, que el alza del IVA no haría subir el precio de las viviendas, que la destrucción del modelo de libertad personal con estímulo y protección del emprendimiento y sus pilares en la Constitución Política de 1980 serían irrelevantes, les pasaron la cuenta y llevaron a que el gobierno de la Nueva Mayoría y la Presidenta alcanzaran quizás la peor evaluación jamás medida.
La alegría del triunfo en la Copa América, la penosa manipulación de revivir casos dramáticos del siglo pasado, las iniciativas distractoras incluyendo la reinstalación de la pena de muerte, ahora en niños inocentes... nada dio resultado y se nos tuvo que presentar un cambio relevante en el equipo.
Le tomó pocos días a la dupla política-económica captar la gravedad de la crisis y la indudable causalidad en ello del programa, pero su realismo y seriedad los llevó a llamar a la cordura y reconocer que el frenesí refundacional unido a destempladas descalificaciones en contra del mundo empresarial y de décadas de logros estaba dañando al país y comprometía gravemente a los que, se supone, quería favorecer.
Diagnósticos serios y llamados a la prudencia en las reformas por los nuevos ministros, junto a su reconocimiento del rol preponderante que ha tenido la Constitución de 1980 en el desarrollo social y económico de las últimas tres décadas, nos hicieron creer que se venían brotes de cordura.
Pero nuestro cónclave local estuvo muy lejos de contar con iluminación superior y a las pocas horas se apresuraron a abrir la puerta con un previsible resultado. No solo no nos trajeron un renovado liderazgo con propuestas unitarias para la segunda mitad del gobierno, sino que, al contrario, revivieron al difunto extremismo reformista, el proceso -o caos- constituyente y dejaron en claro que, sin importar los costos asociados, se impondrán aberraciones morales, dictaduras sindicales, preeminencia del Estado por sobre las personas y muy probablemente algo de irresponsable populismo propio de gobiernos latinoamericanos en decadencia.
La renovada incertidumbre y la comprobación de que las instancias políticas expropiarán a pequeñas, medianas y grandes empresas el derecho a desarrollar sus actividades y las someterán a la paralización forzosa e indefinida de su capacidad productiva mientras no se dobleguen ante las exigencias de las directivas sindicales, a quienes se les entrega el poder absoluto de decidir, incluso, la destrucción de la empresa, explican la crisis desatada.
La imposición de una aberración laboral que conculca el derecho de propiedad y destruye la base de la fuerza creadora del emprendimiento al someter al empresario a la privación de la gestión de su empresa, obligándolo a los dictados de una dirigencia, aun cuando sea minoritaria, autorizan el derecho de rebelión e imponen la obligación de ser claros ante la comunidad nacional e internacional de la ruptura total de relaciones de colaboración entre el mundo empresarial chileno y el gobierno de la Nueva Mayoría.
Cuando se tiene la convicción de que la proyectada reforma laboral es perjudicial para el país y destructiva de la empresa, una coherencia mínima exige condicionar la relación y colaboración público-privada a la apertura de una instancia de revisión, sin límites, de esta nefasta e irresponsable iniciativa reformista.
