Tras casi tres años de diligencias, declaraciones y peritajes, y con más de 2.000 páginas de antecedentes, la carpeta investigativa sobre la corredora Eloy Servicios Financieros —hoy bajo indagatoria de la Fiscalía— sigue creciendo.
Todo comenzó en 2022, cuando varios inversionistas denunciaron que los socios Juan Diego Gras y Matías Jarpa habrían cometido irregularidades en operaciones que incluían la compra de facturas ligadas a la Conservera Pentzke. En 2019, la firma alimenticia estaba en pleno proceso de fusión, un negocio que se frustró tras el estallido social y que afectó la solvencia de la firma. Esto, además, afectó directamente las inversiones.
En 2022 se presentaron las primeras querellas. Algunas, por apropiación indebida, otras por administración desleal. La principal fue presentada por Elly Guttmann, una de las inversionistas presuntamente más afectadas, con un perjuicio estimado de $900 millones. Es madre de Dominique Auguin, quien fue un estrecho amigo de Juan Diego Gras —hijo del presidente de Socovesa y actual miembro del grupo controlador de la empresa, según la memoria de 2024— y socio suyo en la fundación del Club Conecta, grupo que opera recintos deportivos y que ha expandido su presencia en los últimos años. Según la querella, esa cercanía fue determinante para que Guttmann confiara en Eloy.
Otros escritos, como el interpuesto por la Automotora Continental, sostienen que Gras y Jarpa ofrecieron operaciones sin advertir la delicada situación financiera que enfrentaba la compañía, pese a que, de acuerdo con los demandantes, esa información ya era conocida por los administradores de Eloy al momento de presentar la oportunidad de inversión.
Estas causas siguen en tramitación y, en 2025, se han sumado nuevos libelos: algunos amplían las acusaciones iniciales; otros provienen de nuevos inversionistas que se incorporan a la causa.
La última llegó en julio de 2025 y fue interpuesta por la sociedad Inversiones Ainhoa SpA. En el libelo se relata que esta entidad invirtió en facturas de la Conservera Pentzke a través de Eloy Servicios Financieros en septiembre de 2019, cuando la firma ya enfrentaba graves problemas de solvencia. En concreto, acusan que Gras y Jarpa, en su calidad de representantes de Eloy, cometieron delitos concursales de ocultamiento, disposición o destrucción de libros, registros y bienes de Eloy Servicios Financieros. Esto, sin embargo, es negado por los querellados.
“Figura piramidal”
En paralelo al proceso judicial, el Ministerio Público acumula una carpeta investigativa de más de 2.000 páginas, a la que DF MAS tuvo acceso y que entrega nuevos antecedentes sobre el caso. Entre lo más relevantes están las declaraciones de distintos involucrados: los propios Jarpa y Gras, presuntas víctimas y, también, familiares del socio de Socovesa. En septiembre de 2023, por ejemplo, Javier Gras —hoy presidente del grupo— acudió a la Fiscalía de Las Condes. Allí declaró: “La verdad es que no tengo mayor conocimiento de los negocios que mi hijo Juan Diego ha realizado en la empresa Eloy. Él es socio con Matías Jarpa, siendo el giro y la dinámica que tenían que consistía en que ellos juntaban las ‘puntas’ (comprador y vendedor) que tenían una factura debida y por la intermediación, cobraban un porcentaje. No tengo mayores detalles de la forma en que funcionaba el negocio”.
¿Por qué era relevante la declaración de Javier Gras? Porque, en medio de la crisis de la conservera, Juan Diego Gras le dijo a su entonces amigo, Dominique Auguin, que su padre le prestaría dinero para enfrentar compromisos. “No tengo mucho más que hacer ya que sabes más que nadie que no tenemos plata y que tuve que ir a pedirle a mi viejo”, se lee en un mensaje de WhatsApp enviado en abril de 2022, incluido en la carpeta investigativa. Sin embargo, en septiembre de 2023, el presidente de Socovesa, en su declaración ante la Fiscalía, dijo: “Jamás me he comprometido a pagar la supuesta deuda de mi hijo”. Para un grupo de querellantes, esa declaración se “contradice” con lo que muestran los registros de chat.
Otro elemento es un informe pericial del 4 de noviembre de 2024, mandatado por Elly Guttmann. El peritaje señala que la firma ejecutaba una “figura piramidal para ‘cubrir’ distintos defaults (en los) que iba cayendo y nunca realizó las inversiones de manera formal, como lo indicaban en los certificados o proformas confeccionados por la propia sociedad y que entregaron a la querellante como supuesto respaldo”.
A pesar de este peritaje privado, aún no hay una pericia contable independiente que acredite esta versión.
“La fiscal ha actuado con objetividad”
Toda esta trama se ve distinta desde la vereda de los querellados. Representados por Rodrigo de la Barra —exfiscal jefe de la Fiscalía Local de Las Condes—, han sostenido en diversas instancias que los socios de Eloy no tenían conocimiento de la delicada situación financiera de Conservera Pentzke, la que gatilló el conflicto original con los clientes. Añaden que ellos mismos resultaron perjudicados: “Generó una pérdida patrimonial como Eloy y familiarmente de alrededor de US$ 7 millones”, declaró Gras ante la PDI en agosto de 2023. También reiteró un punto que considera central en el caso: que se trataba de inversiones financieras con un riesgo inherente para quienes participan en ellas.
No solo eso: Gras también informó que todas las operaciones que ellos llevaban a cabo se gatillaban después de recibir la validación de sus propios clientes. “Todas las inversiones tenían que venir con el ok del representante legal de la sociedad, por medio de correo electrónico”, dijo en octubre de 2023.
Consultado por DF MAS, el abogado Rodrigo de la Barra explica que Eloy trabajó con decenas de clientes, pero solo tres se han querellado. Y entrega un punto, a su juicio, clave: “Los propios querellados también resultaron afectados por estas operaciones”, dice. Y agrega: “Nosotros no pretendemos ‘sacarnos los pillos’, pero es un hecho que quienes más perdieron fueron Matías Jarpa y Diego Gras”.
Y remata. Han pasado tres años y todavía no hay formalización. “La fiscal ha actuado con objetividad, porque no hay evidencia de intención de causar daño. El contrato de inversión establece que los querellados tenían un rol de asesoría, y lamentablemente la inversión tuvo un resultado desastroso. Puede sonar a excusa, pero es la realidad.”
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