Fue un noviembre intenso para Andacor. El holding que opera El Colorado, Farellones y activos en los volcanes Villarrica y Osorno -controlado por la familia Leatherbee- vivió semanas cruciales en medio de la histórica división entre sus dos bloques: el controlador, comandado por Richard, y el minoritario, encabezado por su hermana Anita Leatherbee.
La intensidad vino por varios frentes. Primero, la FNE inició la investigación por los riesgos de concentración que implicaría el ingreso de Mountain Capital Partners (MCP), actuales dueños de Valle Nevado y La Parva. En paralelo, la firma estadounidense reordenó su naipe ejecutivo en Chile para preparar su eventual aterrizaje.
Pero el evento que más tensionó el ambiente fue la junta extraordinaria de accionistas celebrada hace justo un mes. ¿El objetivo? Aprobar un aumento de capital, una condición intransable para avanzar en el ingreso de MCP a la propiedad.
Aunque la operación se visó, el acta de la sesión del 13 de noviembre expuso que las grietas entre los bloques familiares siguen abiertas. En las oficinas de Andacor y vía Zoom, lo que debía ser una votación financiera derivó rápidamente en recriminaciones, gritos e imputaciones de delitos.
“Quédese callado usted”
Ese 13 de noviembre hubo dos juntas. Una informativa a las 12 y la decisiva a las 17:00, donde se votó el aumento de capital y estallaron los principales conflictos. La primera escaramuza surgió por la mecánica de la votación. Ante los problemas de audio de un accionista que impedían votar a viva voz, la mesa ordenó activar el sistema electrónico. Fue ahí que Patricio Ulloa, representante de Ramón Haeussler, increpó a la administración por las demoras, acusándolos de estar “perdiendo tiempo” con un sistema contratado que les cuesta millones y no funciona con agilidad. El presidente de la junta, José Ignacio Jiménez, cortó la queja en seco: “Vas a empezar a polemizar sobre un punto muy menor”.
La verdadera división se gatilló cuando Cristóbal Riffo, representante de Inversiones Cururo (principal accionista y sociedad ligada a Richard Leatherbee), expuso las cifras del negocio. El ambiente, relatan personas que asistieron, era tenso. Y cuando tomó la palabra Ulloa, el clima se profundizó. Primero, dijo que Michael Leatherbee, hijo de Richard, “quiere pagar poco y quedarse con la compañía, a cero peso casi”. Luego, alguien alzó la voz y él respondió: “Estoy hablando. Quédese callado usted, quédese callado”.
En su alocución, el representante de Haeussler fue al fondo del asunto: cuestionó que la administración utilizara balances a junio -cuando aún se arrastran pérdidas-, omitiendo el corte al 30 de septiembre, fecha en que ya ingresaron los flujos de la temporada de nieve. A su juicio, la firma tiene caja de sobra y no necesita una inyección de capital de los socios.
“A la sociedad le sobra caja, está con exceso, pero se quiere quedar con la compañía en esta forma. Para mí raya lo delictivo”, lanzó Ulloa, argumentando que hay “más de 8 mil o 9 mil millones metidos” en la empresa tras el invierno, por lo que exigir a los minoritarios poner “cuatro veces el capital” sería innecesario.
“Lo único que ellos quieren es apropiarse y manejar esto como una cosa de conveniencia a ellos”, sentenció.
Producto de este tenso intercambio, el presidente de la junta tuvo que volver a hacer un llamado a la calma: “Les pido encarecidamente que seamos respetuosos. Lo gentil no quita lo valiente. Las imputaciones que se hacen de tipo delictivo habrá que verlas en su momento”.
Por eso, y haciendo uso de su derecho a réplica, Michael Leatherbee se defendió: “Yo quisiera dejar en acta que conté cerca de siete injurias de parte del señor Ulloa hacia mi persona y en consecuencia quiero que quede registrado que varias de esas cosas son mentiras”.
Operación “a la medida”
El protagonismo del bloque minoritario lo asumió el abogado Jorge Vial, representante de la rama de Anita Leatherbee, quien intervino en dos momentos clave para impugnar la operación. Su arremetida más dura llegó al cierre del debate, cuando calificó de “insulto a la inteligencia” la tesis de que la empresa caerá en liquidación si no se aprueba el dinero, argumentando que la caja acumula más de $ 8.000 millones tras el invierno.
Vial fue tajante: “Puedo estar en desacuerdo con todos, y contigo José Ignacio (Jiménez), pero no te considero tonto. Te considero inteligente. Entonces no puedo decir que estamos en la inminencia de una reorganización cuando además se han hecho prepagos anticipados de cantidades multimillonarias de deuda”.
Desde el bloque controlador ya habían salido al paso de esta tesis. Felipe Dalgalarrando, en representación de Abendrot SpA, retrucó una supuesta holgura financiera: “Creemos que, si al 31 de diciembre de este año no se llega con los $ 3.000 millones de plata fresca de parte de un tercero, vamos a tener un serio, serio, serio problema”. Por su parte, Cristóbal Riffo (Cururo) justificó que el aumento de capital se haga antes de la prometida división de los activos inmobiliarios por un tema de “timing” con la FNE: “Si se hace una división y posteriormente se vota... no vamos a llegar”.
Pero para Vial, la urgencia financiera no es tal. Lo que hay, aseguró, es el desenlace de una pelea de cinco años entre los hermanos, donde se han buscado “caminos torcidos” para expulsar a la familia de Anita y “apoderarse de la compañía”. “Yo creo sinceramente que es algo incorrecto no sólo ilegalmente, es incorrecto moralmente”.
Antes de la votación final, Vial lanzó una última advertencia: “Todos sabemos lo que va a pasar ahora: se va a aprobar este aumento de capital y mañana va a salir con grandes bombos y platillos en la prensa. Pero también todos sabemos que este no es el fin; este es el principio”.
La abogada María José Zegers, en representación de Carmen Haeussler, profundizó la arremetida apuntando a la “oscuridad” del proceso. Criticó la falta de fundamentos para fijar el precio de la acción en $ 3.938, contrastándolo con una valoración de Econsult de 2020 que arrojaba un valor superior (sobre los $ 4.600). Según Zegers, la administración entregó información “incompleta” o “desactualizada”, sugiriendo que un precio bajo perjudica a los minoritarios -que sólo podrían mantener su participación- y beneficia directamente a MCP y al bloque de Richard Leatherbee.
Zegers calificó el aumento de capital como una operación “a la medida” de MCP, diseñada bajo un acuerdo confidencial al que el resto no tuvo acceso. “Lo que hasta esta mañana era solo una intuición... ahora lamentablemente es una certeza”, afirmó. “El real propósito de esta operación es diluir a los minoritarios”.
En paralelo, fuentes consultadas señalan que es natural, cuando se busca un socio, preguntarse si este comparte los mismos principios y valores. MCP encontró en Grupo Cururo, repiten algunos, un socio colaborativo que aporta valor a la sociedad.
El principio
A pesar de las críticas en la junta de accionistas, la rama controladora logró aprobar el aumento de capital con un 60,7% de los votos, pavimentando la entrada de MCP. La investigación de la FNE sigue abierta y lo esperable, dicen entendidos, es que se pidan más antecedentes dado la magnitud de la concentración en el mercado de la nieve. Sin embargo, para que se concrete el ingreso de los norteamericanos, falta todavía que termine 100% el proceso de reorganización judicial.
La junta de noviembre fue sólo, como dijeron algunos abogados, el “principio”. El segundo capítulo se vivirá mañana: está agendada otra junta extraordinaria no sólo para revocar y renovar el directorio completo, sino para ratificar todas las decisiones que el directorio ha tomado desde el 25 de noviembre a la fecha.
Todo indica que volverá a ser una instancia tensa.
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Mateo Navas
