Este lunes 29 de diciembre, a eso de las 13 horas, la plana mayor de Clínica Las Condes (CLC) reunió al cuerpo médico en el tradicional auditorio del Edifico Morado del plantel, en el sector oriente de Santiago, donde acostumbran hacer las juntas de accionistas. El objetivo era informarles de primera fuente y de manera lo más abierta y directa posible lo que la compañía ya había enunciado a través de una comunicación al mercado horas antes de Nochebuena, el 24 de diciembre.
La nueva administración de CLC que encabeza Carlos Kubick en la presidencia, apoyados por una auditoría forense independiente, halló que durante los ejercicios 2023 y 2024 -en la era de Alejandro Gil al mando de la compañía- hubo prácticas contables incorrectas de dos tipos: registros manuales injustificados e inconsistencias en la contabilidad, lo que en el total obligaba a CLC a re expresar sus estados financieros correspondientes a esos años por una cuantía total de $ 72.791 millones de menor patrimonio.
El hallazgo se produce justo en momentos en que en unos días más, el 10 de enero, se cumplirá un año desde que se produjera el cambio de control de CLC, con la llegada de EuroAmerica y de Indisa a la firma como socios y la salida del grupo Auguri, vinculado a la empresaria Cecilia Karlezi, quien durante toda su estadía como controladora de CLC desde 2019 hasta inicios de 2025 delegó en su pareja Alejandro Gil Gómez el manejo de esta compañía.
Al interior de CLC esperan que con este hallazgo comiencen a cerrar el capítulo de problemas que achacan a la era Gil en CLC, que estuvo marcada por varios frentes de conflictos y judicialización, además de rotación de ejecutivos, fuga de médicos y baja ocupación, que terminaron afectando los resultados y el prestigio de la clínica. De la vereda contraria, anticipan que lo informado es una forma de buscar caminos indemnizatorios que no proceden.
Un nuevo conflicto, sin duda, está comenzando.
Los dos informes de KPMG
¿Qué paso realmente? Fue la firma KPMG a quien CLC le solicitó que realizara una auditoría forense, luego de que su alta gerencia revisara el “pasado Gil”. Según personas enteradas, fueron en realidad dos informes los que evacuó esta “big four”, en sintonía con que CLC decidió agrupar en dos categorías el problema. En el primer caso -dicen personas que conocen del hecho- la actual administración apuntó un fraude manual, en el que entonces ejecutivos de la clínica ingresaron a la contabilidad, a sus registros y planillas Excel, de modo de cambiar datos, con el consecuente efecto de aumentar ingresos y disminuir costos.
“Está claramente establecido que hubo maniobras para aumentar ingresos y rebajar gastos. Se incorporaron en la contabilidad registros que no son reales”, coinciden varias personas allegadas al caso. En el segundo caso, en cambio, los ajustes están mediados por la intervención de un software, por lo que al menos a la fecha no pueden tener la total certeza de si se trató de una manipulación humana o si pudo haber un error informático.
En base a estos hallazgos es que CLC contactó al abogado Juan Domingo Acosta para acudir con una acción penal, un escrito que estaría a días de presentar en tribunales. “Se está evaluando la tipología de lo que se va a imputar”, dice un entendido, quien es categórico en que los hallazgos no apuntan a que durante la administración Gil se haya extraído dinero de la compañía, sino que -al entender de la actual administración de CLC- se computaron e informaron al mercado, a través de los estados financieros, ingresos y costos que no eran tales y se mostraron mejores resultados. Tampoco estos hallazgos afectan los flujos futuros del plantel.
Desde esta vereda, los hechos están radicados en la cabeza de la compañía en la época de éstos y en personas a cargo del área Contabilidad de esos años, y si bien durante este período el auditor externo de CLC era EY -indican estos entendidos- este auditor pudo elaborar sus informes en base a la información que le fue proporcionada por el emisor, con engaño. Ergo, la acción penal lo que haría es narrar hechos para que la fiscalía investigue.
¿Por qué ejercer acciones legales si no hubo due diligence en el proceso de compra de CLC? Porque de confirmarse estos hallazgos contables irregulares, habría acciones dolosas con infracción a las normativas de valores y sociedades anónimas. “Esto va más por el lado de la CMF y penal”, dice otro entendido ligado a la nueva administración, quien en todo caso hace un alcance: que no haya habido due diligence no justifica ni merma responsabilidad si la información pública estuvo desfigurada.
¿Un cementerio indio?
Ahora bien, el impacto en patrimonio informado por CLC es mucho menor que los casi $ 73 mil millones mencionados, pues en paralelo, en 2025 CLC retasó las propiedades, plantas y equipos de la clínica, proceso en el que informó que obtuvo un efecto positivo en patrimonio de $ 71.588 millones. Así las cosas, el efecto combinado neto del hallazgo contable y la retasación de activos arrojó un resultado negativo de sólo $ 562 millones, según la firma.
Pero es precisamente este “neteo” el que desde la vereda del frente -de la anterior administración- levanta sospechas y suspicacias. Porque consideran inexplicable que justo ahora hayan hecho una retasación que da un incremento de unos US$ 80 millones de plusvalía inmobiliaria en menos de cinco años, considerando que en la era Auguri sí hubo retasación.
“Encontraron un supuesto ‘hoyo’, pero lo taparon altiro, y casi por el mismo monto. Curioso para decir lo menos. Qué conveniente la retasación”, dice con ironía un actor vinculado a la anterior administración, quien a condición de reserva apunta sus dardos al objetivo que ve tras todo esto por parte de los nuevos socios de CLC: que tras comprar sin due diligence, ahora quienes compraron la firma quieren “saltarse” la prohibición de demandar usando a CLC. Y creen que este actuar “es de manual. En más de una reunión declararon estar comprando con un cementerio indio”, dice este actor.
El pedido de amparo por los $ 30 millones
Alejado de CLC, hoy Alejandro Gil combina su vida entre Santiago, un campo en Puerto Octay y eventuales salidas al extranjero, dado que su pareja Cecilia Karlezi pasa parte muy importante de su tiempo en Miami. Egresado de la Escuela Naval como oficial de la Armada, Alejandro Gil dedicó parte importante de su vida profesional a la Marina Mercante, porque si bien en su juventud alcanzó también a estudiar durante tres años ingeniería civil en la Universidad de Chile, no tuvo los medios económicos para terminar la carrera, por lo que el camino fue trabajar.
Registros de organismos públicos lo sitúan en el pasado reciente en la constitución y/o participación de varias sociedades en calidad de accionista. Por ejemplo, en 2014, de la sociedad Premiunkas, con el giro de comercialización de vehículos motorizados. También en la sociedad Inversiones Bahía Quimán, en 2015, en sociedad con Leyla Arriagada Muñoz que, según datos de la OPA de Auguri sobre CLC, de 2019, aparecía como contralora de la sociedad Lucec Tres, a través de la cual Karlezi hizo aquella OPA. También Gil participó en el pasado de la sociedad Tri Horse Cargo, del giro de traslado y cuidado de animales, en sociedad con Marcos Jerez Núñez, un médico veterinario que hoy está únicamente con su hija en esta sociedad, que se dedica a la logística del traslado de caballos de salto y polo. Y en la Inmobiliaria CP, en sociedad con Sebastián Arispe Karlezi, el único hijo de Cecilia Karlezi.
Una de las causas judiciales que siguen afectando a Gil son las querellas que a partir de 2022 estamparon en la justicia penal varios médicos del plantel por apropiación indebida, acusando que no se les pagaron los debidos honorarios médicos, lo que ha sido negado por Gil en tribunales. En esta causa en que están agrupadas varias querellas -en la que se agendó para el 26 de enero una nueva audiencia para discutir una nueva ampliación de plazo de investigación- ya se han producido desistimientos. Datos de la causa muestran que, de 43 querellas agrupadas originalmente, ya han ocurrido una veintena de desistimientos. En algunos de los casos -como el que lleva la abogada Catherine Lathrop- los desistimientos se dirigieron sólo respecto de CLC, por lo que la causa sigue contra Gil.
En los documentos que obran en este proceso queda de manifiesto que a lo largo del tiempo Gil ha hecho varias solicitudes para que le suspendan el arraigo nacional -que es la medida cautelar que le afecta-, atendido que parte de su núcleo familiar vive en el extranjero. Por ejemplo, así lo pidió en agosto y diciembre de 2024, y en abril, junio y agosto de 2025. Una última solicitud de octubre, de hecho, le levantó el arraigo entre el 10 de noviembre y el 20 de enero de 2026, a cambio de una caución de $ 20 millones.
Algunas de estas peticiones no han estado exentas de entreveros. En agosto pasado el otrora presidente de CLC recurrió con un recurso de Amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, cuestionando que le haya sido elevada la caución o fianza de retorno en esa fecha. Originalmente, cuando había ocurrido la primera petición de alzar el arraigo, la fianza había sido fijada por el tribunal en $ 20 millones. Sin embargo, la caución fue elevada a $ 30 millones, lo que motivó la acción legal de Gil. A través de su defensa en la causa, estimó que se le estaba conculcando la “libertad de locomoción”. Y si bien la Corte de Apelaciones de Santiago no acogió el planteamiento y declaró inadmisible el recurso de amparo, lo que después fue ratificado por la Segunda Sala de la Corte Suprema, hoy la fianza está fijada en $ 20 millones.
En qué están los otros gerentes
En el período de análisis que tomó CLC para estos últimos hallazgos, hubo dos gerentes generales. Uno fue Ignacio Tapia, quien tras haberse desempeñado como CFO de la firma, tomó la gerencia general de CLC en junio de 2022, para salir en agosto de 2023. Para la elaboración de la Fecu correspondiente al período abril-junio de ese año, Tapia ya no estaba en el cargo. Hoy Tapia es el CFO de la gigante Virutex Ilko.
A su turno, el gerente general que le siguió en CLC, Pablo Ortiz -que acompañó a Gil en el cargo hasta que se produjo el cambio de propiedad en enero de 2025-, hoy figura como director ejecutivo en la firma Ortiz Goyochea, que según su LinkedIn se define como un especialista en finanzas, levantamientos de capital y gestión de inversiones.
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Azucena González
