Fue un hecho inédito en la industria de concesiones: aunque la controversia por los hallazgos arqueológicos en obras se arrastra desde hace años, recién en julio escaló formalmente a una instancia de resolución de controversias, cuando Sacyr recurrió al Panel Técnico de Concesiones (PTC) por su contrato en la red de hospitales Buin-Paine.
Cinco meses después, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) enfrenta un nuevo flanco. El pasado viernes, la sociedad concesionaria a cargo de la Red de Hospitales Los Ríos–Los Lagos (que considera los recintos de La Unión, Río Bueno, Los Lagos y Puerto Varas) ingresó una discrepancia ante el Panel Técnico contra la cartera, a raíz de conflictos derivados de hallazgos arqueológicos. En la presentación, la empresa exige una compensación por un total de UF 1.148.000, equivalentes a US$ 49,6 millones.
La sociedad concesionaria -integrada por la mexicana GIA+A, Infraestructura Social Concepción y Eductrade Concesiones Chile Uno- sostuvo que el proyecto ha sufrido retrasos significativos y perjuicios económicos producto de los hallazgos y requerimientos no previstos en los hospitales de La Unión y Puerto Varas. A ello se sumarían, expusieron, demoras y descoordinaciones del Estado en la gestión de estos eventos.
El origen del conflicto
De acuerdo con el escrito ingresado al Panel, el conflicto data de noviembre de 2022, cuando se detectó “un pequeño grupo de fragmentos de cerámica y desechos líticos”en el Hospital de La Unión, lo que obligó a paralizar las obras. Un año más tarde, se registró una situación similar en Puerto Varas.
El problema, sostuvo la concesionaria, es que los antecedentes entregados durante el proceso de licitación no identificaban la existencia de restos arqueológicos.
Estas situaciones desencadenaron en una serie de efectos colaterales. En materia de financiamiento, explicaron que fue necesario adoptar medidas especiales para mitigar el impacto. Dichos ajustes, señalaron, resultaban indispensables para cerrar la oferta de financiamiento recibida por Bci en diciembre de 2022. Sin embargo, acusaron que el MOP no respondió oportunamente a la solicitud, lo que impidió entregar certezas a ese banco.
Otra arista apuntada en la presentación dice relación con la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Según la concesionaria, la tramitación “demorosa e irregular” de los hallazgos en La Unión, junto con la falta de coordinación entre el Consejo y el MOP, prolongó indebidamente la paralización de las obras. A ello se sumó la decisión de llevar adelante una consulta indígena en La Unión, lo que -según el documento- “impactó severamente el Contrato de Concesión, elevando, aún más, los riesgos del Proyecto”.
La concesionaria sostuvo que todas estas situaciones no estaban previstas en las condiciones licitadas y afectaron el cumplimiento de los plazos establecidos en las bases.
Con estos antecedentes, la empresa solicitó ser compensada íntegramente por los perjuicios económicos derivados del retraso en los plazos en Río Bueno, Los Lagos y Puerto Varas, así como por la prolongada postergación de los trabajos en La Unión, lo que -afirmó- afectó a la concesión en su conjunto.
Según el cronograma original, la puesta en servicio definitiva de las obras estaba prevista para noviembre de 2027. Hoy, en cambio, la entrada en operación se estima entre 2028 y 2029, dependiendo del hospital.
La respuesta del MOP
Desde la cartera liderada por Jessica López enfatizaron que la Ley de Concesiones contempla instancias y mecanismos formales para la resolución de controversias y discrepancias contractuales.
“La discrepancia ingresada requiere ser analizada detalladamente por el ministerio para ser contestada y resuelta en las mismas instancias formales”, dijeron, recordando que el Panel Técnico corresponde a un órgano autónomo e independiente de los intereses de las partes.
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