Uno de los temas más controversiales hoy en la discusión política son las contribuciones de bienes raíces, debido a la importante alza que han registrado los avalúos fiscales de las propiedades y, en consecuencia, las cuotas trimestrales del citado impuesto.
El Gobierno se ha hecho cargo de la polémica, a través de un nuevo proyecto de reforma tributaria que busca ampliar el beneficio de exención para los adultos mayores, limitando el cobro del gravamen a hasta un 5% de sus ingresos, siempre y cuando pertenezcan al 60% más vulnerable de la población.
En el intertanto, las candidaturas presidenciales también han buscado abordar el tema a través de sus programas, con ideas que van desde eliminar totalmente el tributo, a establecer una exención que beneficie solo a la primera vivienda.
Con este telón de fondo, en las últimas horas se ha sumado un nuevo actor al debate tributario: los centros de eventos.
La Asociación de Eventos de Chile (Asevech) elaboró un documento en el que advierte de una serie de complejidades que ha enfrentado el rubro desde el término de la pandemia, principalmente debido al incremento en los avalúos de varias propiedades que han derivado en aumentos considerables en la cuota trimestral de contribuciones, en circunstancias de que el rubro continuaría sintiendo los impactos del cierre prolongado por la emergencia sanitaria.
El texto, firmado por el presidente de Asevech, Carlos Huete, y la directora y vocera del gremio, Sofía Jottar, parte entregando un duro diagnóstico respecto a los años recientes para la industria, advirtiendo "sobreregulación y prohibiciones para trabajar".
"La prohibición prácticamente casi absoluta de realizar sus labores atravesó la mayor parte de los años 2020 y 2021, y también la ultima parte del año 2019, en medio del estallido social durante el cual la industria tampoco pudo realizar sus labores. Es decir, dos años de una industria totalmente parada por acciones que nada tienen que ver con su naturaleza ni sus fines, sino con factores liderados por el Gobierno que arrasaron con Pymes, sueños, esfuerzos y miles de empleos", parte señalando la misiva.
Así, el gremio denuncia que en los últimos meses, varios contribuyentes del sector han visto terminar -unilateralmente, advierten- una serie de convenios con facilidades para realizar el pago atrasado de contribuciones producto de la pandemia, firmados ante la Tesorería General de la República (TGR).
"En otros casos de socios de Asevech al día con sus cuotas de contribuciones, el Gobierno ha definido cobrar el excedente de impuesto retroactivo en el tiempo por el
avalúo actual de la propiedad. Es decir, aumenta la tasación en un 70%, 100% en un período acotado, se le paga el impuesto territorial, pero va por más, cobrando hacia atrás por lo que dejó de percibir más intereses y multas. Este impuesto y su tratamiento ha constituido para muchos socios del gremio una reforma tributaria en las sombras, que hoy y una vez más en un período tan corto de tiempo podría hacer inviables sus negocios", denuncian Huete y Jottar.
Algunos casos
En el documento, exponen tres casos: un centro de eventos en Colina, cuyo avalúo pasó de $ 3.515 millones al primer semestre de 2020, a $ 6.156 millones el segundo semestre del 2025; un centro de eventos estilo casona en Pirque, cuyo valor fiscal pasó de $ 183 millones a $ 389 millones en el mismo lapso; y un tercer centro de eventos en Huechuraba, cuya tasación fiscal ascendía a $ 2.412 millones en el primer semestre del 2020 y hoy se ubica en $ 5.899 millones al segundo semestre del actual ejercicio.
Propuestas
El documento entrega una serie de ideas para acotar el impacto de la situación tributaria sobre los contribuyentes del rubro, como por ejemplo retrotraer los avalúos fiscales en UF a los niveles prepandemia (enero del 2020), otorgando facilidades para poder pagar las contribuciones "de manera racional", a tasa bancaria y en 48 cuotas con pies de 5% o 10%, de la misma manera que operan los bancos.
"Desde Asevech deseamos contribuir con datos duros y de manera responsable a este debate, no eliminando el tributo pero sí normalizándolo y haciendo justicia con esta
industria que no pudo desarrollar sus actividades, dando un crédito de pago de contribuciones por 18 meses, equivalente al período en que el Gobierno no nos dejó trabajar de manera absoluta, dañando seriamente nuestra industria", reza la misiva.
También, proponen otorgar un crédito o rebaja de contribuciones a las empresas que tuvieron prohibición de funcionar entre marzo de 2020 y septiembre de 2021; crear una campaña para eximir del cobro de contribuciones por 18 meses a las Pymes afectadas, con el objetivo de facilitar su recuperación económica; y establecer facilidades de pago similares a las de la banca, considerando que el Estado tiene un menor riesgo al tener la facultad de rematar las propiedades en caso de incumplimiento, entre otras.
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Sebastian Valdenegro
