En 2016 nació Aspor, creada por un grupo de cinco ex ejecutivos de la aseguradora Magallanes que decidieron emprender tras la venta de la compañía a HDI. Se enfocaron en garantías aunque sin dejar otros rubros.
El crecimiento iba bien, sobre todo después de sortear con éxito la crisis del estallido social y la serie de siniestros por actos delictivos, hasta que el caso Fundaciones los afectó directo: eran la aseguradora que había dado las pólizas a ProCultura, vinculada a Alberto Larraín, quien tenía un contrato con el Gobierno Regional para un masivo programa de salud mental y prevención del suicidio.
Hoy están en una disputa legal con el gobernador Claudio Orrego por el cobro de dichas pólizas y también contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) quien los multó con 1.000 UF por no pagar de inmediato el siniestro.
En su primera entrevista como nuevo gerente general, Juan Paulo Edwards, que asumió el 1 de agosto, explica que cuando estalló el primer caso de fundaciones en el norte de Chile, en junio de 2023, no pensaron que les iba a pegar a ellos. “ProCultura era un cliente de varios años de nosotros, desde Magallanes que lo teníamos. Cuando trajo este negocio con el Gore se evaluó con las condiciones típicas. ProCultura se manejaba relativamente bien, no era un mal cliente. Con ellos no habíamos tenido problemas”, explica.
Las pólizas fueron emitidas en octubre de 2022, con toda la documentación que se exige frente al traspaso de dineros a fundaciones por parte del Estado, por ejemplo, certificar la existencia del convenio, las autorizaciones para operar o la cuenta única fiscal.
Tras estallar el caso, “no teníamos ningún indicio de que esto estuviera mal ejecutado y, como es lo normal en estos casos, entendíamos que el Gore estaba pidiendo rendiciones mensuales, como el convenio original lo exige. Todos los antecedentes que teníamos era que esto funcionaba adecuadamente. No tenemos a alguien que esté revisando si rindieron o no el dinero. Ese rol es el Gobierno Regional. Si ellos dicen que las rendiciones están conformes, yo creo que las rendiciones están conformes”.
De hecho, cuando estalla el caso, el Gore, a través de ProCultura, en julio de 2023 les pide prorrogar algunas de las pólizas que estaban vencidas. “Y nos envía correos electrónicos diciendo que, a la fecha, las rendiciones están correctamente realizadas”, apunta Edwards.
“Siempre pedimos información del estado de las rendiciones. Si hubiese sabido, en junio de 2023, que esto no estaba funcionando, lo lógico hubiese sido demandar al señor Larraín para que me devolviera lo que no estaba cubierto”, recalca.
En octubre de 2023, dos meses después de que pidieron prorrogar las pólizas, el Gore informa a Aspor que va a cobrar las pólizas y hacer efectivo el seguro de garantía. “Hay una discordancia entre lo que nos declararon en julio y dos meses después con la declaración de cobro de 31 mil UF”, detalla el ejecutivo.
Además, el gobierno regional metropolitano presentó a cobro el total del monto asegurado de cinco pólizas, como si ProCultura no hubiese rendido nunca nada. Aspor, entonces, le solicitó a la entidad que dirige Claudio Orego que informara el monto reclamado, que es una condición para el pago. “Ante situaciones erráticas del Gore”, la aseguradora lleva esto a tribunales y le pide a la justicia que declare si procede o no el pago.
La justicia paralizó el pago a pesar de la oposición del Gore. “Si a nosotros el tribunal nos dice que hay que pagar, pagamos mañana. No tenemos ningún problema. El siniestro está 100% provisionado en los estados de resultados”, dice.
De hecho, ya han pagado tres siniestros de ProCultura que tenía convenios en otras zonas. En total, en esta unidad de negocio han garantizado más de 15 mil proyectos con el Estado.
Con la CMF la situación también está judicializada. “El regulador ha dicho que cuando son pólizas de este tipo, hay que pagar de inmediato. Nosotros siempre hemos pagado de inmediato, salvo que haya una orden judicial que nos diga que no pague”, explica Edwards.
Dentro de los puntos que apelaron fue que la CMF los sanciona por haber pedido antecedentes para dilatar el pago. Pero Edwards se pregunta “¿cómo vamos a dilatar un pago que al momento que nos sancionan, estaba paralizado por la justicia? (La CMF) acusa también que la compañía pidió antecedentes adicionales. No pedimos antecedentes adicionales, pedimos que nos dijeran cuánta plata estaban cobrando y también que Aspor pusiera excepciones al pago y que al ir a la justicia estábamos burlando el sentido de la norma. ¿Cómo vamos a burlar el sentido de la norma si el derecho de recurrir a la justicia está por sobre la norma? Y además, la CMF se pronuncia sobre un proceso judicial pendiente”, dice.
Edwards dice que para ellos “hubiese sido mucho más fácil cerrar los ojos y pagar. Pero reclamamos para defender el mercado asegurador, estamos defendiendo el prestigio del mercado”.
Sobre los efectos del caso en clientes, dice que no ha habido. “El efecto en el mercado es que muchas fundaciones y organizaciones sin fines de lucro no están teniendo acceso a garantías, por lo tanto no están pudiendo ejecutar los proyectos. El mercado se ensució, lo echaron a perder. Muchas fundaciones vivían de las pólizas y la desconfianza quedó, porque por mucho que cambies el contrato, la duda de si el contrato efectivamente existe, quedó. Va a pasar tiempo hasta que el mercado recupere las confianzas”.
La respuesta de Orrego
Consultado por DF MAS, el gobernador Claudio Orrego explicó que “cuando exigimos pólizas de seguro de primer requerimiento, como el de Aspor con ProCultura, están expresamente reguladas por el código de comercio y la jurisprudencia dice que primero se paga, y luego se discute. En vez de hacer eso, Aspor ha usado la justicia para dilatar y no cumplir con sus obligaciones”.
Agregó que además han cometido errores de fondo, porque demandaron al Gore por la nulidad del contrato de póliza de seguro que ellos firmaron con Procultura. “Nosotros somos beneficiarios, no contratantes”, dijo.
Asimismo, sobre el alegato de la inexistencia del objeto asegurado (el convenio entre el Gore y Procultura), el gobernador dice que eso no es así, porque fue la Contraloría la que tomó razón del Convenio y éste funcionó correctamente por un año.
Dice que hasta el 11 de noviembre de 2023 el programa de salud mental aplicado por Procultura funcionó bien. El 13 del mismo mes el Gore puso término al convenio y denunciaron el siniestro a Aspor. “No solo le han hecho un daño a los vecinos, sino que a la industria de seguros en general”, afirma Orrego.
Mala praxis médica
La compañía, además, está en un segundo aire. Y además de volver a enfocarse en el mundo inmobiliario con la incipiente mejoría del mercado, están entrando con fuerza en los seguros de mala praxis médica.
En 5 años, cuenta, se han duplicado las causas de mediaciones de mala praxis y hay varios casos judiciales que han terminado con fallos que obligan a indemnizaciones que superan los $ 1.000 millones. En EEUU, cuenta como ejemplo, “un doctor antes de mirarte, debe tener un seguro de mala praxis”. La compañía ha traído expertos argentinos para mejorar y profundizar esta área. “Hoy la gente reclama más, hay más con-ciencia de los daños causados. Ahora las grandes clínicas están obligando a los doctores a tener un seguro. Pero hay muchas instituciones más chicas, públicas o de médicos extranjeros nuevos, que no tienen”, explica.
Tienen alrededor de 20 mil doctores asegurados entre individuales y contratados por clínicas, y el universo de doctores en Chile supera los 70 mil médicos, a ellos hay que sumar a todo el personal de salud que también está optando por tener un seguro de mala praxis.
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Nicolás Durante
