La Compañía Puerto de Coronel activó una millonaria demanda de indemnización de perjuicios en contra del expresidente del directorio Eduardo Hartwig, el otrora gerente general Javier Anwandter y el exgerente de Administración y Finanzas Daniel Chamorro, junto con antiguos proveedores de la compañía: Víctor Olivares, Transolv, Hernán Romero, Caryher y Delsava.
En la acción judicial, que presentó el actual gerente general del puerto, Patricio Román, la empresa acusó una “distracción ilícita de fondos” y un “daño a su reputación empresarial”. “Incluso, en sede penal, es investigada (de modo desformalizado) por el delito de soborno que se imputa a los ex ejecutivos Hartwig y Chamorro”, destacó.
A fines del año pasado, Hartwig fue acusado de sobornos a autoridades, como el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y de pagos irregulares tanto a él mismo como a ejecutivos de la compañía.
La hipótesis del Ministerio Público se basa en que el expresidente del directorio de la Compañía Puerto de Coronel, Harwig, habría generado pagos periódicos de dinero a Chamorro, durante mayo de 2022 a noviembre de 2023, sosteniendo que este “los aceptó y recibió”, mientras ejercía el cargo de jefe comunal.
Por su lado, la defensa de Hartwing ha señalado que Chamorro solicitó dinero para “obras o donaciones” y que “ninguno de estos pagos” tuvo como objetivo obtener beneficio, ya sea para la compañía o el ejecutivo, o generar un perjuicio al patrimonio público.
Millonarias indemnizaciones
Puerto Coronel es el mayor terminal marítimo de la región del Biobío y es propiedad de los grupos Angelini, Von Appen y Belfi.
En su demanda de indemnización, la compañía apuntó a conductas desplegadas concertadamente entre los demandados, las que, aseguró, consistieron básicamente en distraer fondos desde la empresa para la creación de “fondos reservados”, sin el consentimiento, el conocimiento ni menos la autorización del directorio y accionistas de la compañía, y de forma subrepticia.
Para esto, la empresa dijo que se usaron dos mecanismos ideados entre los entonces ejecutivos de Puerto Coronel y los proveedores que facilitaron sus compañías y gestiones para estos efectos. El primero, la emisión de facturas por servicios no prestados para crear un fondo no trazable, destinado a realizar pagos a terceros de forma subrepticia.
El segundo mecanismo, según la compañía, fue la frustrada permuta de terrenos entre Puerto Coronel e Inmobiliaria Delsava Limitada, hoy S.A. (Delsava).
“Los demandados personas naturales, por sí o por interpósita persona –esto es, actuando a través de personas jurídicas ligadas a ellos–, han incurrido en un ilícito civil que ha causado daño patrimonial y a la imagen o reputación de Puerto Coronel, de lo que se deriva su deber de indemnizarlos”, sostuvo la firma.
Ésta solicitó a la justicia que condene a todos los acusados al pago de $ 1.508 millones por daño emergente y $ 6.812 millones a título de daño moral de la persona jurídica.
Sobre este último punto, la empresa dijo que los hechos relatados no solo le provocaron un perjuicio material, sino también un daño a su imagen, reputación y buena fama comercial.
“Puerto Coronel era percibida, en la comuna de Coronel y, en general, en la Región del Biobío y en la Macrozona Sur de nuestro país, como una empresa que constituía un aporte para la comunidad (…).Tras develarse los hechos, la imagen y reputación de Puerto Coronel pasó a ser la de una empresa aparentemente corrupta”, sostuvo.
Además, la administración de la firma dijo que se verá expuesta a eventuales contingencias tributarias -dado que parte del mecanismo fraudulento implicaba la emisión de facturas ideológicamente falsas- e, incluso, en sede penal.
“Todo lo anterior, a raíz del delito civil –y también en nuestro concepto penal– en que incurrieron los demandados para defraudar a Puerto Coronel”, afirmó.
"Se auto convenció"
La compañía, en su acción civil, también demandó una indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra de Eduardo Hartwig y a su sociedad Codegua.
“Sin perjuicio de los fraudes cometidos concertadamente entre algunos ex ejecutivos de Puerto Coronel, y sus proveedores –los que fueron latamente descritos en lo principal–, en el caso de Eduardo Hartwig, éste también distrajo fondos de Puerto Coronel para sí, a través de un mecanismo similar al de los proveedores: la emisión de facturas por servicios no prestados a fin de obtener pagos no autorizados por los órganos de la compañía”; sostuvo.
La firma aseguró que “cooptada por la administración de entonces”, efectuaba pagos a Eduardo Hartwig a los que éste no tenía derecho. Estos desembolsos, dijo, se hacían contra una factura emitida por Codegua, aunque en algunos casos -aseguró- esa era posterior al respectivo pago (para “regularizar” el egreso), o derechamente nunca se emitía.
“En sede penal, el señor Hartwig intenta justificar los pagos asilado en que, desde los inicios de la compañía, él ha ejercido no solo como presidente del directorio, sino como una especie de 'director ejecutivo', casi un gerente general. Con esa estrafalaria explicación, se auto convenció que tenía derecho a recibir una remuneración (muy) superior a la de los demás directores de Puerto Coronel y que él podía fijarla a su amaño”, afirmó la empresa. Ésta solicitó, a título de daño emergente, el pago de $787 millones.
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J. Troncoso Ostornol
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