Hoy, ese debate volvió a instalarse, esta vez con foco en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), específicamente en la Dirección General de Concesiones (DGC). El pasado 23 de diciembre, el ministro subrogante de la cartera, Danilo Núñez, solicitó formalmente convocar a un proceso de selección público, abierto y de amplia difusión para proveer el cargo de Director General de Concesiones, antes del inicio del nuevo período presidencial.
En la carta en la que Núñez realizó la solicitud, explicó que el cargo se encuentra siendo ejercido en calidad de subrogante por Claudio Soto desde el 19 de mayo de 2025, fecha en que se declaró la vacancia del entonces director titular, Juan Manuel Sánchez. A la fecha, apuntó, han transcurrido más de siete meses bajo este régimen.
“La situación de subrogancia fue creada por la normativa con el propósito de mantener la continuidad del servicio evitando que se produzca una interrupción en el ejercicio de la función pública, por lo que corresponde que se convoque lo antes posible a un proceso de selección para proveer el cargo mediante el nombramiento de un funcionario titular que lo pueda ocupar en propiedad, evitando así perpetuar en el tiempo una situación cuya naturaleza debiese ser carácter excepcional y temporal”, se desprende del escrito.
La iniciativa generó alertas en las futuras autoridades, por la cercanía del fin del mandato y posibles sesgos en las bases del concurso, entre otras.
El subsecretario agregó que la DGC cumple un rol estratégico dentro del MOP, razón por la cual se requiere que el cargo sea ejercido por un Director General titular, con capacidad para adoptar decisiones esenciales y de alta responsabilidad, pensadas en el largo plazo y alineadas con las directrices de gobernanza de la cartera y de la Presidencia de la República.
Finalmente, Núñez enfatizó que, dada la naturaleza técnica del puesto y los plazos en que eventualmente se iniciaría el concurso, es “altamente probable que la selección definitiva de dicho cargo titular se efectúe de forma posterior al 11 de marzo de 2026, por lo cual, no se prevén riesgos de incidencia política o interferencia en el marco de transición del gobierno”.
Esto, explicó, considerando que la autoridad que asuma en ese período tendrá plena libertad para elegir al candidato más idóneo, “de acuerdo con los resultados del proceso imparcial y profesional que lleve adelante el Sistema de Alta Dirección Pública”.
Los miedos
Pese a las aclaraciones contenidas en la solicitud, la iniciativa generó ruido en las futuras autoridades que llegarán a La Moneda.
Los temores apuntan a distintos flancos. El primero, según fuentes ligadas al equipo del próximo Presidente José Antonio Kast, tiene relación con el momento escogido para impulsar el proceso, considerando que el cargo está siendo ejercido por un subrogante desde mayo de este año. Para algunos, esto podría interpretarse como un intento de “amarre de funcionarios”.
Otra alerta se encendió ante la posibilidad -según las mismas fuentes- de que la actual administración defina las condiciones del concurso de tal forma que terminen funcionando como un traje a la medida, permitiendo que el próximo director “sea de continuidad al actual Gobierno”.
Las fuentes consultadas también señalaron que existen mecanismos para retrotraer el concurso o incluso declararlo desierto una vez iniciado el nuevo período presidencial. No obstante, enfatizaron que los primeros meses de una administración son clave, por lo que tener que gestionar este tipo de procesos podría convertirse en un obstáculo.
La arista legal
Desde el ámbito jurídico, el abogado y socio de Estudio Fermandois, y experto en derecho constitucional económico, Arturo Fermandois, enfatizó que el actuar del Ministerio se ajusta a la normativa vigente.
Según explicó, la ley establece que, si se busca iniciar un proceso de designación dentro de los ocho meses previos al término de una administración, se debe remitir una solicitud para que esta sea sometida a votación en el Consejo de Alta Dirección Pública
Pero el abogado advirtió que no le parece razonable que, tras haber mantenido el cargo en régimen de subrogancia por siete meses, se decida iniciar un proceso de designación para un cargo de alta responsabilidad a esta altura del partido.
“Llama la atención que, estando siete meses con un cargo en manos de un subrogante, solo ahora se invoque una razón de buen servicio. Si bien la ley da una salida, que es la votación del Consejo, lo más sano es que estos procesos se inicien antes de las elecciones presidenciales a fin de despejar toda duda de el correcto ejercicio de esta facultad”, enfatizó Fermandois.
El abogado agregó, además, que para este tipo de definiciones se requiere la aprobación de cuatro de los cinco consejeros del organismo. Sin embargo, actualmente existen dos vacancias que no han sido provistas, por lo que, advirtió, “todo indica que el quórum de cuatro no va a poder ser obtenido”.
Consultados al respecto, la cartera señaló que esta medida busca que la nueva administración encuentre el proceso avanzado y pueda nombrar a un directivo estratégico sin perder los meses que requiere la tramitación de este tipo de concursos.
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