En noviembre de 2024, a días de asumir como Contralora General de la República, Dorothy Pérez, publicó un dictamen donde cambió el criterio de la entidad respecto a la llamada confianza legítima de los funcionarios contratados por un plazo acotado en el sector público, principio que establecía que -luego de un determinado tiempo de renovaciones sucesivas- la administración sólo podía poner término al vínculo a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo.
A partir de entonces, declaró que la decisión sobre el plazo para generar confianza legítima era una materia de competencia exclusiva de los tribunales de justicia, pues es una materia litigiosa que no debe ser analizada por la Contraloría.
El cambio de criterio fue muy cuestionado por los funcionarios públicos e, incluso, escaló hasta la Corte Suprema, instancia que -para sorpresa de varios- respaldó el actuar de Pérez.
Desde ese momento, la entidad se ha abstenido de pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, esto podría cambiar, ya que el Gobierno ahora quiere reponer la posibilidad de que los funcionarios puedan reclamar esta materia ante la Contraloría, según se acordó en la negociación de reajuste del sector público, cuyo contenido se conoció este lunes.
5 años es el tiempo definido por la Corte Suprema para que aplique la confianza legítima.
De hecho, la apuesta del Ejecutivo es que la Contraloría sólo pueda abstenerse de pronunciarse cuando el funcionario interesado haya interpuesto acciones judiciales.
La idea genera positivos comentarios, aunque algunos son más optimistas que otros.
“Me parece interesante la decisión del Ministro de Hacienda, pero veo poco factible que la Contralora de la República, señora Dorothy Pérez cambie su criterio, porque ella a nosotros nos señaló, en una reunión hace tres meses, que no tiene la capacidad para responder a todas las reclamaciones invocadas bajo la figura de la confianza legítima”, dijo el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez.
Desde la visión del dirigente, lo más relevante es separar entre personal que presta asesoría directa en gabinetes (cargos de confianza) y funcionarios públicos que no son de designación política.
Respecto de los primeros, Pérez insistió en que deben cesar en el cargo junto con las autoridades que los designaron.
La vicepresidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Gabriela Farías, agregó que con esto el Gobierno materializa el acuerdo con las asociaciones del sector público. “La idea principal es que por la vía legal estas definiciones vuelvan a ser resueltas por la Contraloría (...), ya que estas materias no deben estar sujetas a interpretaciones, sino que deben ajustarse a lo que señale la ley”, dijo.
La visión que tienen los abogados
Para la profesora de derecho del trabajo de la PUCV, Karla Varas, la decisión del Gobierno va en la línea correcta y refuerza que la posibilidad de recurrir a la Contraloría ha sido siempre una posibilidad, ya que así lo establece el propio Estatuto Administrativo.
“Un funcionario puede reclamar ante la Contraloría General de la República. El reclamo está establecido en el artículo 160 del Estatuto Administrativo. Entonces no es que se esté creando algo, ese reclamo está ahí, disponible. El tema es que por una interpretación de la actual Contralora está como en suspenso la posibilidad de reclamar, porque supuestamente esto derivó a un asunto litigioso”, explicó Varas.
Cristóbal Raby, socio del Estudio Prieto Abogados, planteó que, en términos generales, las normas que evitan el actuar discrecional de la autoridad le parecen adecuadas.
Sin embargo, agregó que “en este caso puntual esa protección ante la discrecionalidad aparece más bien como una posibilidad de limitar la legítima decisión de las nuevas autoridades de trabajar con quienes estimen más conveniente conforme a su proyecto político”.
A su juicio, será interesante ver cómo la Contraloría pondera los derechos de los trabajadores del Estado con los de las nuevas autoridades, “pensando en que esta normativa deberá aplicarse a este y a futuros cambios de administración”.
Consultada, desde la Contraloría General de la República no hubo respuesta.
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