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Alto contrasteDF Tax | Reforma proinversión y modernización del Estado: menos ideología, más eficiencia
Por Sofía Cid, diputada por la Región de Atacama e integrante de la comisión de Economía.
Mientras el país observa con preocupación los vaivenes de la política fiscal y la economía se desacelera, se hace urgente retomar con seriedad dos debates postergados por años: una estrategia proinversión que impulse el crecimiento y una modernización real del Estado. Ambos van de la mano. No basta con discutir cómo recaudar más; debemos preguntarnos también cómo el Estado gasta, cuánto aporta a la eficiencia, y qué tan presente está donde realmente se necesita.
El reciente anuncio del Gobierno de suspender indefinidamente la reforma al impuesto a la renta -que proponía una rebaja del 27% al 25% compensada con alzas en los tributos al capital—-refleja que no basta con recaudar por recaudar. Organismos internacionales como la OCDE han señalado que los impuestos sobre la renta empresarial y los dividendos pueden dañar la inversión y la productividad, especialmente en economías medianas como la nuestra (OECD Tax Policy Reforms 2023).
En Atacama, donde más del 85% de nuestras exportaciones son mineras (INE, 2024), la inversión productiva no es una opción, es una necesidad urgente. Pero a la vez, nuestras PYMEs, que representan el 98% del tejido empresarial (SII, 2023), enfrentan una carga tributaria desproporcionada y una burocracia que ahoga cualquier intento de crecer.
Propuestas como la reducción del impuesto de Primera Categoría para PYMEs al 12,5% por tres años -actualmente en tramitación- son pasos en la dirección correcta. Esta medida entrega un alivio necesario a las empresas que generan empleo en nuestras regiones y que han debido enfrentar años de incertidumbre, inflación y sobrecarga regulatoria.
Pero ninguna agenda proinversión será eficaz si no va acompañada de una modernización profunda del Estado. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión muy concreta: el escándalo de los funcionarios públicos que salieron del país con licencias médicas -en teoría por razones de salud- puso de manifiesto un problema estructural. El Estado, aún con importantes ausencias en áreas clave, debió seguir funcionando. Este hecho no puede pasar inadvertido: no solo se trata de un uso cuestionable de un beneficio, sino de una grave señal de ineficiencia, falta de control y debilidad institucional.
Mientras muchas familias en Atacama y en todo Chile esperan horas por una atención médica o ven cómo los servicios públicos colapsan, cientos de funcionarios gozaban de licencias médicas con viajes al extranjero incluidos, sin que el sistema lo impidiera. Esto no solo es una falta ética, sino una señal de que el aparato estatal requiere una cirugía mayor.
No podemos pedirle más esfuerzo al contribuyente sin primero ordenar la casa. No podemos subir impuestos si no sabemos dónde se va cada peso. Y no podemos seguir aceptando un Estado sobredimensionado que responde tarde y mal a las verdaderas necesidades de las personas.
Como representante de Atacama, seguiré trabajando para impulsar una agenda pro inversión que fomente el crecimiento económico, alivie a las PYMEs y simplifique el sistema. No apoyo aumentos de impuestos que castiguen la inversión ni que recaigan sobre quienes generan empleo. Chile necesita una estrategia clara que estimule la actividad privada, con reglas del juego justas y estables.
Porque Chile -y especialmente regiones como la nuestra- no necesita más ideología fiscal, necesita eficiencia, inversión y respeto por los recursos de todos.
