Dos dilemas básicos en el conflicto de Aysén

Todo gobierno democráticamente elegido se enfrenta con dos almas contrapuestas. Una es originada en el comportamiento “oportunista” de quienes deciden sobre el destino del presupuesto, siendo su propósito la maximización de la probabilidad de reelección de la coalición gobernante. La Región de Aysén aportó el 0,6% de los sufragios en la segunda vuelta de los últimos comicios presidenciales, de los cuales más del 58% votaron por el gobierno en ejercicio. Tras estos datos básicos subyace la pregunta de si el gobierno considera dicho apoyo suficientemente meritorio como para ser considerado un factor determinante en la solución al conflicto, habida cuenta de la estrecha base electoral de la región.



El alma opuesta está encarnada en una actitud “benevolente” del gobierno, y ella empuja en la dirección de optimizar la suma de los intereses individuales a nivel nacional. Aysén aporta aproximadamente un 0,6% del PIB nacional, absorbe algo menos del 3% de la inversión pública, y genera una recaudación tributaria neta cercana a cero. Tales cifras dan cuenta de la inveterada centralización de la actividad económica en Chile, y sugieren que la solución de largo plazo al problema exige un esfuerzo fiscal significativo y permanente con miras a potenciar la conectividad y la infraestructura básica de las regiones extremas. No es casualidad que desde la perspectiva del acceso a los servicios básicos, no sea sustantivamente diferente vivir en Madrid que en Málaga, en Frankfurt que en Passau, o en Londres que en Ryde. Sin embargo, sí es muy diferente vivir en Santiago que en Coyhaique. En este último caso, tanto los servicios y el grueso de los bienes de consumo corriente son caros y deficientes, y el costo de desplazarse por el territorio muy considerable.

Si el alma oportunista predomina, el conflicto habrá terminado con algunas concesiones puntuales, algo más de inversión pública en Aysén, más algunas declaraciones de buena intención. Sin embargo, el problema volverá a presentarse en el futuro. Entre otros factores pendientes se cuenta la factibilidad de conceder a las regiones presupuesto propio, capacidad de imponer tributos de beneficio regional, y mayor protagonismo en la definición de sus políticas publicas. Todo ello sin contar la evidente debilidad del intendente como doble representante del gobierno nacional, y a la vez jefe del gobierno regional, condición de suyo insostenible en el largo plazo. En este sentido, el reciente conflicto en torno a la administración y financiamiento de la educación, ofrece una oportunidad que puede ser aprovechada en este espíritu, potenciando al nivel intermedio de gobierno como un genuino gobierno regional.