Columnistas

Educación y corrupción

José Antonio Viera-Gallo

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Estamos de lleno en la discusión de la reforma educacional y hay una arista que no se ha puesto sobre la mesa: la corrupción en el sector.

El año pasado, Transparencia Internacional dio a conocer un informe especial dedicado al tema analizando la corrupción en diversos países, independientemente de su sistema económico y político y de su grado de desarrollo, concluyendo que en muchos lugares los ingentes recursos que con esfuerzo la sociedad destina al sistema escolar y universitario se extravían en el camino. Ahora que nos aprontamos a destinar mayores recursos para mejorar la educación ($ 7.189.064.757 es el presupuesto del Ministerio de Educación en 2014), hay que redoblar la vigilancia para que no caigan en un tonel sin fondo.

Con ocasión de un seminario organizado por Chile Transparente en 2013, se recordaron muchas prácticas incorrectas en nuestro sistema educativo: desviación de fondos en la Junaeb, adulteración del número de alumnos presentes en los establecimientos para cobrar la subvención, ausentismo injustificado de profesores abusando de licencias médicas, distracción de los recursos fiscales destinados a la educación por parte de los Municipios para cubrir otras necesidades, confusión entre el patrimonio del sostenedor privado y la contabilidad del o los colegios, selección de alumnos en contravención a la ley, pagos a instituciones relacionadas para extraer utilidades por parte de universidades, los fraudes en el sistema de acreditación universitaria, y la lista podría seguir.

Las instituciones tienen objetivos y su éxito se mide de acuerdo al grado de cumplimiento de esas metas. Más que las intenciones de las autoridades cuentan los resultados de las políticas públicas y el modo de implementarlas. Para eso deben haber reglas claras que incentiven los comportamientos positivos, lo que es particularmente relevante en un sector tan vasto y complejo como la educación, en que se trasmiten valores y pautas de conducta a niños y jóvenes.

Se ha sostenido que la corrupción depende de la discrecionalidad del poder de una autoridad, de la falta de transparencia y de la carencia de una efectiva rendición de cuentas. Más allá de los controles administrativos y judiciales, lo decisivo es la fiscalización ciudadana. Sería importante implementar un “sistema de información de gestión de la educación” que proporcione una información oportuna, precisa y fiable accesible a todos los interesados, tanto en el sector público como privado.

La Superintendencia de Educación que entró en funciones el 2012 debe vigilar, detectar y sancionar las irregularidades. De hecho, varios sostenedores ya lo han sido con inhabilidad perpetua. El mayor número de denuncias se refieren al maltrato en la convivencia escolar. Con anterioridad, la Contraloría General de la República había centrado sus auditorías en el sector municipal, detectando malversaciones de fondos en el uso dado a la subvención preferencial y a la subvención diferencial. Otro tanto ha ocurrido en varios municipios con las deudas previsionales de los profesores.

La reforma educacional debe reforzar el sistema de fiscalización y fijar reglas que exijan mayor transparencia en el sistema. No pueden quedar como letra muerta, como ha sucedido en varios aspectos en reformas anteriores. Por ejemplo, ¿qué puede justificar las sucesivas postergaciones del plazo para que los sostenedores se transformen en personas jurídicas con giro único? Hasta hoy, cerca de 1.400 sostenedores siguen sin cumplir una exigencia que se puso el año 2009 para facilitar la fiscalización.

Pero, al final, como sostiene el Informe de Transparencia Internacional, lo decisivo se juega en el campo cultural más que legal. Tenemos que impulsar un cambio de mentalidad partiendo por la responsabilidad en el uso de los recursos públicos tanto por agentes del Estado como por particulares que colaboran en el proceso educativo. La reforma debe establecer reglas claras que favorezcan las conductas éticas y probas para combatir la corrupción. Es una exigencia para que la sociedad recupere la confianza en la educación.

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